Comunicados de ACPP :: Comunicados de la Plataforma 2015 y más :: Comunicados de la CONGDE

ACPP informa acerca de sus principales actividades y denuncia situaciones injustas a través de sus comunicados. Asímsimo, nos hacemos eco de comunicados emitidos por nuestras contrapartes, la Plataforma 2015 y Más y la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España.

29/04/2008 - LAS ONGs ESPAÑOLAS SE DECLARAN INCAPACES DE RESPONDER A LA CRISIS HUMANITARIA EN GAZA

Las ONGs españolas con presencia en la Franja de Gaza alertan de su incapacidad para responder a la crisis humanitaria desatada por Israel, y denuncian el asedio al que están sometidos más de un millón y medio de civiles palestinos.

Declaran que los proyectos que financian instituciones públicas españolas, han dejado de poderse ejecutar como programados. La Media Luna Roja Palestina, miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja, alerta que sus reservas de combustible no aguantarán más de una semana de funcionamiento de sus 32 ambulancias y 2 hospitales.

ACSUR Las Segovias culpa a Israel de infringir las Convenciones de Ginebra. “Al suspender la venta de combustible a Gaza, Olmert priva a la población asediada de su derecho de acceso a servicios básicos de educación, agua y salud”. Lamenta que más del 60 % de los empleados y pacientes del Programa de Salud Mental Comunitaria de Gaza apoyado por la Cooperación española, ya no pueden acudir a su lugar de trabajo.

“Faltan todo tipo de materiales de construcción”, denuncia la Asamblea de Cooperación por la Paz, que deplora que estas limitaciones hayan obligado al Grupo Hidrológico Palestino, a suspender la construcción de cisternas y sistemas de captación, tratamiento y conducción de agua para la población de Gaza.

Por los mimos motivos, la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras ha tenido que reformular un proyecto de adecuación de viviendas y escuelas para población infantil con discapacidad física, ante la imposibilidad de realizar dichas obras.

Solidaridad Internacional achaca la crisis actual a una política consciente de Israel de obstaculizar cualquier proceso de desarrollo en Gaza. La ejecución del trabajo orientado a mejorar el sistema de atención sanitaria de los Comités Palestinos de Salud sufre enormes dificultades. Pese a haber tenido que centrarse en servicios de emergencia, responsables del Hospital Al-Awda señalan “la dificultad de encontrar medicinas para cirugías de urgencia y para el tratamiento de patologías crónicas”.

Paz Con Dignidad denuncia las restricciones de acceso y vejaciones que las fuerzas israelíes reservan al personal en misión a los Territorios Palestinos. Denuncia que “a pesar de disponer de todos los permisos en vigor y coordinar sus movimientos a través del consulado español, los cooperantes han sufrido crecientes restricciones a sus movimientos”.

Médicos del Mundo reconoce que los ataques israelíes incrementan la vulnerabilidad del personal en terreno y dificultan el seguimiento de los proyectos de las ONG internacionales. “Somos una de las pocas organizaciones que seguimos teniendo personal contratado basado permanentemente en Gaza, pero son empleados palestinos a los que Israel no autoriza a salir de la Franja.”

Fundación Promoción Social de la Cultura denuncia que la situación actual en que se encuentra la franja de Gaza como consecuencia de la crisis abierta con Israel atenta directamente contra los fundamentos más básicos de los Derechos Humanos, e imposibilita la realización efectiva de cualquier iniciativa de ayuda humanitaria y mucho más de desarrollo.

La propia Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos UNRWA, suspendió el pasado fin de semana su reparto de ayuda alimentaria que beneficiaba al 60 % de la población de Gaza. Temiendo que los niveles de malnutrición se disparen, las ONG españolas que suscriben este comunicado ruegan que las autoridades españolas y europeas adopten inmediatamente todas las medidas necesarias para que Israel ponga un término a sus políticas de castigos colectivos hacia la población civil de Gaza.

Por su parte, el Grupo de ONG por Palestina de la Plataforma 2015 y Más, lamenta que a un mes del 60º aniversario de la Nakba, el próximo 15 de mayo, la población de Gaza siga sufriendo un asedio inhumano, viendo cómo se desvanecen sus esperanzas de ejercer algún día próximo, su derecho a la soberanía nacional y a la seguridad humana.

Organizaciones firmantes: ACSUR Las Segovias · Asamblea de Cooperación por la Paz · Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras · Fundación Promoción Social y de la Cultura · Grupo de ONG por Palestina · Médicos del Mundo · Movimiento por la Paz –MPDL · Asociación Paz con Dignidad · Solidaridad Internacional.

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22/01/2008 - GAZA: LLAMAMIENTO DE ORGANIZACIONES CIVILES ISRAELÍES PARA UNA ACCIÓN URGENTE

Las organizaciones de la sociedad civil israelí con las que colaboramos y que trabajan en campos como la reivindicación de los derechos humanos de los palestinos y la apuesta por la no-violencia, nos han hecho llegar el siguiente comunicado:

Las organizaciones israelíes abajo firmantes deploramos la decisión del gobierno israelí de interrumpir el suministro vital de electricidad y combustible (y por tanto de agua, ya que las tuberías no pueden funcionar), así como de alimentos esenciales, medicinas y otros suministros humanitarios, a la población de Gaza. Esta acción constituye un claro e inequívoco crimen contra la humanidad.

El profesor John Dugard, Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, ha calificado las acciones del gobierno israelí “grave crimen de guerra” por el que sus responsables políticos y militares deben ser perseguidos y sancionados. El asesinato de más de 40 civiles la semana pasada viola, ha declarado, “la prohibición estricta de infligir un castigo colectivo, prohibición contenida en la Cuarta Convención de Ginebra. También viola uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario, que establece que la acción militar debe distinguir entre objetivos militares y civiles. De hecho, el marco legal al que apela el gobierno israelí para llevar a cabo sus actos ilegales e inmorales –por el que declara a Gaza “entidad hostil” en el contexto de “un conflicto no bélico”- no tiene ningún fundamento en el derecho internacional.

Apelamos al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, a que lleve el Consejo de Seguridad a exigir el fin del asedio a Gaza cuando se reúna en su sesión extraordinaria el miércoles.

Hacemos un llamamiento para que los gobiernos del mundo, especialmente el estadounidense y el Parlamento Europeo, censuren las acciones de Israel y, dados los recientes intentos de reanimar el proceso diplomático, exijan a Israel el fin de todo ataque contra los civiles, incluida la continua y alarmante demolición de casas palestinas.

Llamamos a los judíos del mundo en cuyo nombre el gobierno israelí dice hablar, y a los rabinos y líderes comunitarios especialmente, a levantar su voz inequívocamente contra esta ofensa a los mismísimos fundamentos morales de los valores judíos.  

Y apelamos a los ciudadanos del mundo a que hagan saber a sus políticos y líderes que repudian este acto cruel, ilegal e inmoral –un acto que destaca por su crueldad incluso en el contexto de la ya opresiva ocupación israelí.

Condenamos los ataques contra todos los civiles y reconocemos el sufrimiento de los habitantes de Sderot. Aún así, estos ataques no justifican la inmensa desproporción de las sanciones israelíes sobre un millón y medio de civiles de Gaza, en particular debido a los 40 años de ocupación opresiva por parte de Israel. Tales violaciones del derecho internacional por parte de un gobierno son especialmente escandalosas y deben ser denunciadas y castigadas si se pretende preservar el propio sistema de los derechos humanos y la legalidad internacional.

La decisión del gobierno israelí de castigar a la población civil de Gaza, con todo el sufrimiento humano que conlleva, constituye un caso de terrorismo de Estado frente a personas inocentes. Sólo cuando los políticos israelíes sean considerados responsables de sus acciones y se defienda y respete la legalidad internacional una paz justa será posible en Oriente Medio.

Organizaciones firmantes: Alternative Information Center (Centro de Información Alternativa) · Bat Tsafon · Gush Shalom · Israeli Committee Against House Demolitions - ICAHD (Comité Israelí contra la Demolición de Casas) · Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) · Coalition of Women for Peace (Coalición de Mujeres por la Paz)

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19/09/2007 - COMUNICADO DEL ICAHD, AL QUE ACPP SE SUMA - GAZA: UNA LLAMADA A LA ACCIÓN DE MANERA URGENTE

El Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) considera deplorable la decisión unánime del gabinete Israelí de imponer sanciones en el suministro de electricidad, combustible, agua y otros bienes y servicios básicos a la población civil de Gaza; y hace un llamamiento a la comunicad internacional para que evite que se cometa este crimen contra la humanidad.

El marco legal bajo el cual Israel ha ejecutado este acto inmoral e ilegal-declarando Gaza una “entidad hostil” dentro de un “conflicto próximo a la guerra”- no se sostiene bajo la legalidad internacional. En cambio el castigo colectivo de una población civil entera está prohibido explícitamente.

Hacemos un llamamiento al Secretario General de NNUU, Sr. Ban Ki-Moon, a que urgentemente reúna al Consejo de Seguridad para hacerle saber al gobierno de Israel que este paso es completamente inaceptable y debe retirarse.

Hacemos un llamamiento a los líderes religiosos mundiales para que condenen esta flagrante violación de los derechos humanos y este asalto fundamental a la dignidad humana; que además, está siendo ejecutando durante el mes sagrado de Ramadan. Como Israelíes, muchos de los cuales somos judíos, hacemos un llamamiento  a los líderes Judíos para que se expresen inequívocamente en contra de esta ofensa contra los valores judíos en los días próximos al Yom Kippur.

Y hacemos un llamamiento a todas las gentes en el mundo, para que hagan saber a sus líderes su repulsa por este acto cruel, ilegal e inmoral – un acto que se desarrolla cruelmente bajo una ya existente Ocupación Israelí opresiva.

El ICAHD condena los ataques hacia civiles, ya sean Israelíes o Palestinos. Las violaciones de la legalidad internacional realizadas por gobiernos afectando a millones de personas son especialmente escandalosas y deben ser denunciadas.

La decisión israelí de castigar a la población civil de Gaza, con todo el sufrimiento humano que esta decisión conlleva, constituye Terrorismo de Estado contra población inocente. Solo cuando a Israel se le pidan cuentas de estas acciones y sea tenida en cuenta la legalidad internacional, será posible una paz justa en Oriente Medio.

Jerusalén, 19 de septiembre de 2007

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04/07/2007 - COOPERANTES SALVADOREÑOS SON DETENIDOS Y ACUSADOS DE TERRORISMO CUANDO SE DIRIGÍAN A UNA PROTESTA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

Cuatro cooperantes de la ONG CRIPDES, socia de nuestras contraparte salvadoreña CORDES, que trabajan por el desarrollo de las comunidades campesinas, fueron detenidos el pasado día 2 de julio en Suchitoto (El Salvador) cuando se dirigían a un acto en protesta por la política de descentralización del agua, que conlleva la privatización de la gestión de este importante recurso. Familias campesinas, entendiendo que este proyecto obstaculiza su desarrollo socioeconómico, organizaron  protestas paralelas al acto de presentación de esta política en el que participaba Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador. Camino a esta protesta, los cooperantes fueron detenidos en la carretera en medio de un dispositivo policial desmesurado. Las peticiones de las comunidades campesinas, el párroco de la zona y cientos de personas para que liberaran a los detenidos no dieron sus frutos y el pasado jueves cinco de julio, en audiencia, la Fiscalía General del Estado los acusó de actos de terrorismo, junto a 10 personas más detenidas mientras participaban en las protestas.

Apoyamos la exigencia de liberación de los detenidos, formulada desde numerosas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, organizaciones con las que ACPP trabaja para construir un desarrollo más equitativo y democrático en el país.  Consideramos inadmisible que el derecho a la libre expresión y a la libertad de manifestación de la sociedad civil sea equiparado con terrorismo en un país que se considera democrático.

A continuación reproducimos el comunicado emitido por las ONGs salvadoreñas CORDES y CRIPDES

COMPAÑERAS/OS CAPTURADOS

CORDES y CRIPDES  denunciamos e informamos que después de 24 horas siguen capturadas Marta Lorena Araujo, Presidenta, Rosa María Centeno Valle, Vicepresidenta, María Haydee Chicas, encargada de comunicaciones y Manuel Antonio Rodríguez, motorista, todas/os pertenecientes a CRIPDES. Las capturas las realizó la Policía Nacional Civil este lunes 02 de julio a tempranas horas de la mañana a la altura del Cantón Milingo, jurisdicción del Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán cuando las y el compañero se dirigían a participar en una actividad contra la privatización del agua.

Minutos antes de la captura, sobre la carretera que conduce hacia Suchitoto, se habían realizado acciones de protesta por parte de las comunidades aledañas  a quienes la policía había reprimido con disparos, lanzamiento de gases lacrimógenos, golpes, persecución, cateo de viviendas y capturas.

Es importante señalar la manera en que las/os compañeros fueron capturados, pues, sin haber participado en dichas acciones  fueron perseguidos por la policía e interceptaron el vehículo en que se conducían, procediendo de inmediato a golpear al compañero que manejaba, esposándolos a todos, conduciéndolos en principio a la delegación policial de la Ciudad de Suchitoto.

En la Plaza Central  del Municipio de Suchitoto, familias rurales de las comunidades de la zona realizaban una actividad pacífica en contra de la privatización del agua; el mismo lugar había sido seleccionado por el Presidente del país Elías Antonio Saca para hacer el lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización del Agua, la cual ha sido seriamente cuestionada por los sectores populares por ser la que daría paso a la privatización del vital líquido con su consecuente encarecimiento y por tanto, más difícil de adquirir para las mayorías pobres.

Según medios de comunicación, el lanzamiento de dicha política por parte de Saca se vio frustrado por la protesta de las familias rurales, quienes al enterarse de las capturas intentaron negociar con la PNC para la liberación de todas las personas. Como respuesta, la Unidad de Mantenimiento del Orden –UMO- de la PNC, lanzó gases lacrimógenos, realizó disparos, hubo sobrevuelo de helicópteros, golpeó a muchas personas y realizó nuevas capturas ascendiendo el número a 13 personas detenidas. A lo anterior se agrega que también hubo cateos en las viviendas, realizado todo esto en el marco de un operativo para intimidar a la población tal y como sucedía en la época del militarismo.

Informes preliminares indican el siguiente saldo: 13 personas capturadas, 25 heridas por balas de goma, 18 intoxicadas con gases lacrimógenos,  2 hospitalizadas y un número no determinado de personas golpeadas por los policías.

Lo ocurrido este 02de julio acentúa  el retroceso al proceso de la construcción de la democracia iniciado con los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, al tiempo que se está perfilando la instauración de una política de terrorismo de Estado que persigue sembrar temor en la población y coartar cualquier descontento ante las políticas impopulares que el gobierno de Saca está implementando en el país.
La brutal represión de la policía nacional salvadoreña en contra de familias rurales que se pronunciaban pacíficamente contra la privatización de un bien común contrasta radicalmente con los discursos de Antonio Saca en lo relativo a la sagrada libertad de expresión, la supuesta política de inclusión y el goce de la democracia plena en El salvador.
Los golpes, capturas, persecución, cateos y el sobrevuelo de helicópteros nos traen tristemente a la memoria los peores momentos vividos por la población durante la oscura época del militarismo en nuestro país.

Lamentamos que ante cualquier opinión contraria a las políticas implementadas por el partido ARENA en el gobierno la respuesta sea la aplicación de más medidas represivas y la acusación de terrorismo a quienes luchan por un país para todas y todos.

Ante este triste episodio pedimos la solidaridad de la comunidad nacional e internacional para exigir la inmediata libertad de todas/os los compañeros  capturados y el respeto a su integridad física y moral, mediante el envío de cartas al Presidente Saca y su gobierno, así como la denuncia pública principalmente ante las instancias defensoras de los derechos humanos para que se pronuncien contra estos atentados que dañan las incipientes democracias en nuestros países.

San Salvador, julio 03 de 2007

 

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10/04/2007 - Carta de la Junta Directiva de ACPP a los socios y socias de nuestra organización en relación al artículo publicado el 09/04/2007 en El País sobre la transparencia en la gestión de los fondos de las ONGs

Queridas socias, queridos socios:
 
A raíz de la noticia publicada ayer lunes en El País, “La Fundación Lealtad detecta anomalías en la contabilidad y gestión de 70 ONG”, y especialmente tras la publicación del cuadro “Las ONG transparentes”, en el que no aparece Asamblea de Cooperación Por la Paz, queremos aclarar la información referente a nuestra organización.
 
La información aparecida en El País se basa en la Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG que edita la Fundación Lealtad y que podéis encontrar en la web www.fundacionlealtad.org, una fundación sin ánimo de lucro nacida en 2001 con el objetivo de fomentar la confianza de particulares y empresas hacia ONG. Su patronato lo forman directivos de grandes empresas  En esta ocasión, los datos manejados por El País son de 2003. Según esta Guía, Asamblea de Cooperación Por la Paz cumple todos los criterios de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, excepto dos. Concretamente, en 2003 incumplimos el apartado A del principio 6, que hace referencia a la pluralidad de la financiación, según el cual la financiación privada de la ONG nunca debe suponer menos del 10% de sus fondos. Como sabéis, no compartimos la defensa de lo privado en la que se basa los códigos éticos estadounidenses que sirven de modelo a la Fundación Lealtad. Defendemos lo público y sabemos que los fondos públicos sí son controlados por auditorías, mientras el dinero privado responde a los intereses de los donantes y escapa más fácilmente a los controles.
 
Además, según la Fundación incumplimos el apartado C del principio 7, referente al control en la utilización de fondos, por el que estipula que las ONG deben hacer público el presupuesto del año siguiente y la liquidación del anterior y considera preferible que ambos balances sean aprobados por el órgano de gobierno. La Fundación Lealtad estima que Asamblea de Cooperación Por la Paz cumple gran parte de este subprincipio. Lealtad reconoce que nuestro balance de 2003 fue aprobado y hecho público en la memoria y señala que no ha encontrado el acta de la Asamblea de Socios en la que se aprobó el presupuesto de 2004. A pesar de que este documento se le facilitó y en la respuesta a esta evaluación se aclara que la liquidación de cuentas (en la que se incluía el presupuesto de 2004) consta como aprobada en el acta de la Asamblea General de Socios el 27 de marzo de 2004 y que este dato puede certificarse, la Fundación Lealtad no ha dejado de considerar que este subprincipio no se ha cumplido. Partiendo de la recomendación de la Fundación Lealtad, a partir del año 2004, la aprobación del presupuesto del año siguiente ha figurado en las actas de nuestras asambleas generales de socios.
 
Los otros 42 subprincipios de la Guía, que hacen referencia a la transparencia en la financiación, el control en la utilización de fondos, la planificación y seguimiento de la actividad, la claridad en la publicidad del fin social y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia contable, entre otros, son respetados por Asamblea de Cooperación Por la Paz. Consideramos reseñable que una ONG de izquierdas cumpla 42 de los 44 criterios creados por la Fundación Lealtad a partir de la lógica estadounidense para medir las buenas prácticas de las ONG. A pesar de que los datos en que se basa la información de El País son de 2003, Asamblea de Cooperación Por la Paz ya ha enviado a la Fundación Lealtad toda la información para la evaluación correspondiente a los años 2004, 2005 y 2006.
 
En el cuadro “Las ONG transparentes” sólo figuran las ONG que cumplen, según Lealtad, todos los subprincipios de que consta la Guía.
 
Consideramos que frente al escándalo por la financiación irregular de Intervida, el hecho de que la Fundación Lealtad estime que Asamblea de Cooperación Por la Paz puede mejorar su gestión en base a los dos subprincipios citados no pone en duda la fiabilidad, transparencia y buena gestión de nuestra organización. Por eso, creemos que  la noticia publicada por El País y basada en datos de la Fundación Lealtad que no explica ni contextualiza, induce a error y desinforma acerca de nuestra organización y otras muchas que están lejos de escándalos como el de Intervida. Nos duele que esta noticia haya sido publicada  en la primera página de El País, algo impropio de este medio. El texto, basado en datos y suposiciones que no se contrastan, induce a desconfiar profundamente de la mayoría de las ONG de España sin explicar el porqué. Desde la Fundación Lealtad nos han señalado que la noticia elaborada por la señora Joaquina Prades en ningún momento fue contrastada con ellos, que son la propia fuente de esta información.
 
De hecho, a raíz de la información aparecida en El País la propia Fundación Lealtad emitió ayer un comunicado en el que aclara que “el sector de las ONG es un sector transparente, sano y bien gestionado” y que el incumplimiento de algunos de estos subprincipios no implica que las ONG “estén cometiendo irregularidades”. Lealtad aclara que estos principios se cumplen en un “88% de los casos”.  
 
Queremos que os quedéis tranquilos porque la ONG Asamblea de Cooperación Por la Paz cumplía en 2003 el 95% de los criterios de buenas prácticas y en la actualidad ha mejorado en los aspectos pendientes, que no ponen en cuestión en modo alguno nuestra transparencia y buena gestión.
 
Sin otro particular y quedando a vuestra disposición para cualquier información adicional sobre este asunto, os agradecemos de nuevo vuestra confianza y os enviamos un fuerte abrazo,
 
 
Mercedes de Castro
Vicepresidenta y Presidenta en funciones
Asamblea de Cooperación Por la Paz

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20/06/2007: Comunicado del Grupo de ONGs Por Palestina

El Grupo de ONG por Palestina de la Plataforma 2015 y la Federación Española de Derechos Humanos, quiere expresar su satisfacción ante la reanudación de las ayudas europeas al Gobierno Palestino, que veníamos reclamando desde el pasado mes de enero 2006,  cuando la Unión Europea, junto con Estados Unidos y otros donantes, decidieron castigar al pueblo palestino por los resultados de un proceso electoral apoyado, monitoreado y acatado por la propia UE.

Sin embargo expresamos nuestro profundo rechazo ante el uso de la ayuda europea como instrumento desestabilizador en escenarios políticos complejos, donde la población civil, como es el caso del pueblo palestino, ya sufre los efectos de una ocupación militar severa, como es la que Israel viene ejerciendo desde hace más de 40 años en Cisjordania, Jerusalén este y Gaza.

Pedimos por lo tanto al Gobierno del Estado Español, que en los Territorios Palestinos como en el resto de países receptores de ayuda española y europea, actúe siempre en aras de mantener la paz civil, apoye los procesos democráticos y garantice la no condicionalidad de la ayuda oficial al desarrollo, persiguiendo como se establece en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el objetivo fundamental de luchar contra la pobreza.

En estos momentos de desestructuración social y política en los Territorios Palestinos, solicitamos que el Gobierno del Estado Español despliegue todos sus esfuerzos para apoyar las iniciativas democráticas consensuadas que persigan restablecer la unidad, el entendimiento y la paz entre las partes en conflicto. 

Aprovechamos para recordar que los conflictos internos entre facciones palestinas en ningún caso tienen que desviar al Gobierno del Estado Español de su obligación moral y jurídica a hacer cumplir el derecho internacional, y que contribuyendo a que Israel ponga fin a la ocupación y al cierre de los Territorios Palestinos, es como el Gobierno del Estado Español mejor puede ayudar al Pueblo palestino, eso es garantizando su soberanía económica.

Por ello, volvemos a solicitar al Gobierno del Estado Español que:

• Tome medidas efectivas para forzar a Israel a cumplir con el derecho internacional, parar sus ataques a la población civil palestina, retirarse de los Territorios Palestinos ocupados en 1967, desmantelar las colonias de Cisjordania y de Jerusalén Este, detener la construcción del Muro dentro de Cisjordania y Jerusalén Este, derrumbar los tramos construidos, restituir las tierras y recursos anexionados e indemnizar al pueblo palestino por todos los perjuicios causados.
• Actúe para que se suspenda el Acuerdo de asociación entre UE−Israel mientras éste siga violando la cláusula de derechos humanos recogida en el artículo 2 de dicho Acuerdo.
• Suspenda los acuerdos de cooperación militar e intercambios de armas con Israel.
• Consideramos que mientras no se promueva una paz basada en la justicia, restituyendo al pueblo palestino sus derechos y las condiciones para una vida digna, no habrá paz en Oriente Próximo, y por lo tanto solicitamos también al Gobierno del Estado Español que adopte actuaciones encaminadas a reanudar las negociaciones entre palestinos e israelíes mediante la celebración de una conferencia multilateral por la paz, fundamentándola en la legalidad internacional, las resoluciones de NNUU y los derechos humanos.

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15/03/2007 - No a la  guerra · Contra la ocupación · Por la retirada de las tropas de ocupación de Iraq · Por el cierre de Guantánamo

La tragedia asola Iraq. Cuatro años después del inicio de la guerra y la ocupación, decidida unilateralmente por Bush, con el apoyo incondicional de Blair y Aznar, los resultados para el pueblo iraquí se asemejan a los efectos de una catástrofe que se prolonga desde hace ya demasiado tiempo.

Desde el comienzo de la guerra en marzo de 2003, el número de civiles muertos  supera ya 60.000, siendo muy superior la cifra de heridos.

Este enorme sufrimiento de la población sigue al padecido desde los años ochenta por la guerra Irán-Irak, la guerra del golfo en enero de 1991 y el posterior embargo económico de diez años, la guerra actual así como la represión interior de la dictadura de Sadam Hussein que han dejado un balance de cientos de miles de muertos de población inocente, cuya situación empeora día tras día.

La ocupación  de Iraq ha generado una de las mayores crisis de población en búsqueda de refugio desde hace décadas. Casi  4 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas  y hogares, de las cuales 2 millones han huido con desesperación del país, deambulando, desasistidos y desprotegidos, por los países circundantes. Cerca de 1.700.000 son desplazados internos que viven en la miseria, agrupados en aglomeraciones de tiendas de campaña, ocupando edificios abandonados o se apiñan en las fronteras con la esperanza de huir hacia la seguridad.
Los Informes de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Iraq  constatan la continua violación de los derechos humanos y de los principios del derecho internacional público. Las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y detenciones ilegales, matanzas  de civiles,  amenazas y asesinatos de jueces, profesores, docentes, personal sanitario, sindicalistas  son periódicamente detalladas. Con especial énfasis  los informes confirman que la intolerancia se ceba sobre las mujeres limitando su capacidad para moverse libremente, el acceso a los servicios sanitarios y educativos y su participación en la vida pública.

El horror de la guerra ha puesto al desnudo las mentiras y los pretextos que fueron  utilizados para justificar la invasión, acabar con las armas de destrucción masiva y restablecer la democracia. La dolorosa realidad que aparece a los ojos de los ciudadanos del mundo, tras la caída del velo del abuso y de la manipulación informativa, es el colapso social, económico, cultural, humano y político de la sociedad iraquí, producido por la ocupación. Pero también aparece el fracaso   de la pretensión  de garantizar el control del petróleo y reordenar una región en función de los intereses económicos y políticos de los EE.UU
Las crisis provocadas por la estrategia de guerra global  alcanzan  a toda la zona. Oriente Medio desde Afganistán a Palestina, se encuentra en una situación de desestabilización generalizada  con riesgo de instalarse en  un escenario de guerra indefinida que pretenden extender a Irán. Esta estrategia de EE.UU. tampoco ha contribuido a la estabilización en Afganistán, donde 6 años después de la invasión los principales problemas del país continúan sin resolverse. Los peligros y riesgos  para la paz, el derecho a la vida, la participación democrática, la convivencia, el bienestar de las gentes  y el desarrollo de los pueblos no solo no han disminuido sino que se han agravado.

Bush solamente ha cosechado éxito en su capacidad de generar inestabilidad dentro y más alla del país, generando más amenazas para la paz y la seguridad internacional. Los términos con que Bush afronta  su denominada “guerra contra el terrorismo” y “el imperio del mal” han supuesto el mejor caldo de cultivo para la expansión de la red terrorista  Al Qeada.  Los “efectos colaterales”, restringiendo significativamente los derechos y libertades, iniciados  con  la guerra unilateral, injusta e ilegal han desembocado en las torturas de Abu Grahib, cientos de detenidos ilegalmente y que permanecen secuestrados  sin posiblidad de defensa ante la justicia  en el campo de concentración deGuantánamo y  transladados de manera infame en vuelos secretos de la CIA y el silencio de algunos gobiernos europeos. No conforme con todas estas desgracias, Bush presentó el pasado 10 de enero su “nueva estrategia“, centrada en más militarización, incremento de las tropas en 21.500 soldados e ignorando cualquier intento de solución política que parta de los propios iraquíes.  

En el 4º aniversario de la guerra, las razones que llevaron a millones y millones de personas  en todo el mundo a movilizarse para evitar y detener la  barbarie se han visto reforzadas. La retirada de las tropas españolas en marzo del 2004, reclamación demandada por la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, dio impulso a una  responsabilidad que los  gobierno británico  y estadounidense tienen en esta  hora ante los ciudadanos de ambos países y del mundo. En EE.UU crece el rechazo a la política de Bush. Los estadounidenses no aceptan más el envío de tropas y de jóvenes soldados, hasta la fecha más de 3.000  muertos, al servicio de los negocios multimillonarios, el despilfarro y la corrupción de las empresas contratistas, dirigidas  por personas del entorno presidencial de Bush.

En torno a  este aniversario, en el mes de marzo, las convocatorias y llamamientos internacionales se suceden. En  las ciudades europeas, americanas, se preparan acciones, actos, manifestaciones que reclaman  la salida de las tropas norteamericanas de Iraq. El 17 de marzo se desarrollará también una Marcha ante el Pentágono, en Washington con esa petición  como lema central.

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17/07/2006 - Por la Paz justa y duradera en Oriente Próximo: una oportunidad para la política y el derecho internacional

Tras casi dos meses desde el comienzo de los ataques israelíes sobre el Líbano y varias semanas después de la declaración del alto el fuego, el apoyo prestado por la Comunidad Internacional al despliegue de una fuerza de interposición de Naciones Unidas implica asumir consecuentemente y para que sea posible la reconstrucción, un mayor grado de responsabilidad y compromiso en relación a la situación que se vive en Oriente Medio.

Construir la paz en la región implica mucho más que el cese de las hostilidades. Durante el tiempo en el que tuvieron lugar los ataques y bombardeos Israelíes, el ejército Israelí atacó a la población civil, incluso cuando ésta estaba siendo evacuada. Destruyó decenas de miles de viviendas particulares e infraestructuras vitales para garantizar la vida en El Líbano y que poco o nada tenían de objetivo militar. Utilizó armamento no convencional que viola gravemente las disposiciones de las Convenciones de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Existen evidencias de utilización de las llamadas bombas de racimo, prohibidas por la Convención de Ottawa y de que miembros del ejército de Israel cometieron crímenes de guerra. Estas atrocidades requieren de una investigación imparcial e independiente que identifique responsables y exija reparaciones al Gobierno de Israel. La reprobación de los ciudadanos al Gobierno de Israel por el sufrimiento inútil de su pueblo también está haciendo mella en las fuerzas políticas y en la opinión pública de este país.

La crisis humanitaria no ha terminado con el alto el fuego. Centenares de miles de personas han visto sus hogares arbitrariamente destruidos, y se encuentran con que lo han perdido todo. En términos económicos, la situación del país ha retrocedido en varias décadas, calculándose en miles de millones de dólares las pérdidas y daños ocasionados a viviendas, medios de transporte e infraestructuras civiles, tales como el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua. La situación medio ambiental en la costa mediterránea del país puede considerarse como catastrófica debido al vertido de crudo y productos químicos provenientes de plantas bombardeadas por la aviación israelí. Esta destrucción indiscriminada exige una reparación económica por parte del Estado de Israel.

Por otra parte se mantiene inalterable la dramática situación que se vive en los territorios ocupados de Palestina, donde el Ejército de Israel ha reocupado la franja de Gaza con grandes pérdidas materiales y humanas para la población civil y mantiene a una parte importante de las estructuras institucionales de la Autoridad Nacional Palestina bajo detención arbitraria, hechos todos ellos a todas luces inaceptables.

Situar la responsabilidad de acabar con el conflicto en la capacidad que tenga el gobierno del Líbano para desarmar a Hezbollah es equivocar la raíz última del conflicto, originada en la política de ocupación militar, anexión de facto de territorios y agresiones que conforman la relación de Israel con sus países vecinos. No habrá paz en la región mientras no se aborde la problemática de Oriente Medio desde una perspectiva sincera, decidida y firmemente comprometida con el derecho internacional. Es imprescindible reconstruir el Proceso de Paz desde la perspectiva de un calendario explícito y sin ambigüedades que fije la salida definitiva de Israel de Cisjordania, la reocupada franja de Gaza y los Altos del Golán.

La presencia de la Comunidad Internacional , si se circunscribe únicamente al envío de tropas a la región, corre el riesgo de convertirse en una fuerza subsidiaria de equivocados intereses de la seguridad israelí, por lo que debe fortalecer una opción política destinada a alcanzar una Paz justa y duradera en la región, basada en el derecho internacional y el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, principal objetivo de las Naciones Unidas y de sus instrumentos disponibles, incluyendo a la FINUL.

En este año se cumple el decimoquinto aniversario de la Conferencia de paz de Madrid, y el vigésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Tras la celebración en Estocolmo de la Conferencia de Donantes, corresponde a la Unión Europea , al Gobierno de España, una posición decidida e influyente en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos, que promueva la celebración de una nueva Conferencia de Paz que sin dobles raseros o negociaciones desiguales que siempre conducen a frágiles cesiones, busque, no ya un camino, sino un acuerdo definitivo, justo, sostenible y acorde con el Derecho internacional y los derechos humanos.

Mientras tanto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que presione contra la guerra y la impunidad y en favor de la paz en Oriente Medio comprometiéndonos en la realización de movilizaciones masivas, actos públicos y posicionamientos firmes por esta causa en la fecha del 9 de noviembre, día internacional de lucha contra el Muro en Palestina, que en su día convocaremos.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

- Comisiones Obreras

- Unión General de Trabajadores

- Izquierda Unida

- Grupo de Palestina de la Plataforma 2015*

- Federación de Derechos Humanos

- Asociación Hispano-Palestina “Jerusalén”.

- Foro Social de Madrid

- Paz Ahora

* El Grupo de Palestina está formado por las siguienes ONGs: ACSUR-Las Segovias, Asamblea de Cooperación por la Paz, CEAR, IEPALA, IPADE, MPDL, PTM Mundubat, Solidaridad Internacional y la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos

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12/06/2006 - Llamamiento para que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades ante los mortíferos ataques del ejército de Israel contra la población civil palestina

El Grupo de ONGs por Palestina manifesta su más rotunda condena por los últimos ataques y asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Desea también mostrar su máxima preocupación por la pasividad de la comunidad internacional ante estos ataques, que permite a Israel actuar con la más absoluta impunidad a pesar de la gravedad de los hechos, como se ha hecho patente en el bombardeo indiscriminado de una playa repleta de civiles en la Franja de Gaza.

Estos ataques han ido acompañados de incursiones militares en las poblaciones palestinas, la detención de civiles, la confiscación y destrucción de edificios y tierras de cultivo, el cierre de poblaciones, la falta de libertad de movimiento de personas y mercancías y el acoso diario de los colonos de los asentamientos en el territorio palestino ocupado. Asimismo, la construcción del Muro en Cisjordania prosigue en contravención del dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, sin que los Estados que conforman la Comunidad Internacional hayan dado ninguna muestra de cumplir con su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de dicha construcción.

El Tribunal Internacional de Justicia también deja claro la obligación, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en el Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, el 12 de agosto de 1949.

El Grupo de ONGs por Palestina considera que, con su silencio, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza y seguida por la Unión Europea, se está convirtiendo, por acción u omisión, en cómplice de lo que no tiene otro calificativo que el de crímenes de guerra y de lesa humanidad perpretados por Israel en una clara violación de la legalidad internacional. En cambio, estos mismos Estados no han dudado en poner al Ejecutivo palestino, elegido democráticamente bajo la ocupación militar israelí, al borde de la asfixia y provocar una crisis humanitaria sin precendentes con la exigencia del cumplimiento de unas premisas que, sin embargo, no se exigen a Israel, que sigue sin reconocer el derecho de los palestinos a la independencia ni aplica los Acuerdos de Oslo.

Por todo ello exigimos al Gobierno español, como Estado miembro de la Unión Europea, que:

• Condene explícitamente el ataque llevado a cabo por el ejército de ocupación israelí contra la población civil en Palestina en la playa de Beit Lahya.
• Asuma su responsabilidad como Alta Parte Contratante del IV Convenio de Ginebra y exija a Israel que cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante, entre las que se encuentran el cese inmediato de los castigos colectivos contra la población civil.
• Retome, junto al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, los fundamentos de la Declaración de Venecia de 1980, en la que se reconoce los derechos inalienables del pueblo de Palestina, tal como establecen las resoluciones de Naciones Unidas, y su derecho a establecer el Estado de Palestina, independiente y soberano, en las fronteras del 4 de junio de 1967.

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10/04/2007 - Carta de José María Medina, Presidente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España, al director de El País

El País dedica un relevante espacio en primera página de su edición de 09/04/07 a una información poco veraz sobre las ONG. Sorprende que se pueda tratar información tan delicada de una forma tan poco rigurosa.

La primera página de El País de 09/04/07 incluía -como inicio de un artículo sobre las ONG- esta información: “Decenas de ONG cometen irregularidades en sus cuentas y gestión. Sólo 49 de las 119 ONG analizadas por la Fundación Lealtad –auditora- cumplen los requisitos de transparencia y buena gestión. El resto presenta anomalías en las cuentas o no hace seguimientos de los proyectos ni ayuda a aquellos para los que pidió dinero”.

A partir de un análisis muy particular de los datos publicados por la Fundación Lealtad, afirman que 70 ONG de las 119 analizadas por esta Fundación cometen irregularidades. Sería constitutivo de irregularidad el que alguna ONG incumpliera las obligaciones que le impone la legislación que regula este sector. Lo que hace la Fundación Lealtad es analizar de forma voluntaria 9 principios de transparencia y buenas prácticas, desagregados en 44 indicadores o criterios, que han sido definidos por la propia Fundación, muchos de los cuales van más allá de lo exigido por la legislación de asociaciones y fundaciones. El calado de esta batería de indicadores es muy diferente, pero El País considera que es lo mismo que una persona que forma parte del órgano de gobierno de una ONG haya faltado a las dos o tres reuniones que haya tenido el mismo en un año –independientemente de sus circunstancias personales- o que la ONG haya realizado inversiones financieras imprudentes, o que haya incumplido su obligación de presentar memoria anual a la correspondiente autoridad pública. Parece que para El País todo es igual, y sólo considera transparentes a las ONG que han cumplido los 44 criterios establecidos por la Fundación Lealtad.

Pero además se permite afirmar en primera página que esas 70 ONG que han incumplido alguno de los 44 indicadores de la Fundación Lealtad, o bien presentan anomalías en las cuentas, o bien no hacen seguimientos de sus proyectos o no ayudan a aquellos para los que pidieron el dinero. Probablemente, si un jurista analizara con detalle esta información, podría concluir que se ha producido una injuria, ya que la mayoría de esas 70 ONG –si no todas- no están incursas en ninguna de las tres situaciones mencionadas. Al desarrollar esta información en la página 36 añade que “otras tienen juntas directivas irregulares y trampean con Hacienda”.

No es misión de la Fundación Lealtad establecer si una ONG está incursa en algún tipo de irregularidad; para eso están las autoridades públicas competentes. La Fundación Lealtad nació para reforzar la confianza ciudadana en el sector no lucrativo y promover una mayor colaboración con las ONG; y analiza aquellos aspectos que estima que pueden ser relevantes para hacer visible a la ciudadanía, no sólo que las ONG cumplen con las obligaciones que las leyes les marcan, sino además que su gestión es buena y que no tienen problema en someterla a un análisis externo, por tanto que tienen una voluntad manifiesta de ser transparente.

Las ONG, que en España podemos estar constituidas legalmente como asociaciones o como fundaciones, estamos sometidas a unas normas que establecen unos deberes de rendición de cuentas; periódicamente debemos presentar memorias de actividades y económicas (en muchos casos con cuentas auditadas) a las autoridades públicas correspondientes, registros de asociaciones o protectorados de fundaciones. La práctica habitual de las ONG es enviar también esas memorias a sus socios y colaboradores, a las instituciones con las que trabaja, e incluso ponerlas a disposición del público en general a través de su página web.

Por otro lado, quizás El País desconoce que la Agencia Española de Cooperación Internacional puso en marcha en 2005 un procedimiento de calificación de ONG de cooperación, con la finalidad de identificar aquellas con las que puede establecer unas relaciones de mayor confianza. Ese procedimiento de calificación, mucho más riguroso que cualquier análisis de la Fundación Lealtad, revisa el doble de indicadores y requiere la explicación y documentación sobre el cumplimiento de cada uno de ellos. Hasta el momento, 38 ONG han pasado ese procedimiento de calificación, entre ellas algunas de las que son cuestionadas por parte del mencionado artículo.

A nivel interno, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) se dotó en 1998 de un Código de Conducta, conjunto de principios éticos para orientar la acción de sus ONG miembro, como herramienta de auto-regulación, con una Comisión de Seguimiento encargada de velar por su adecuado cumplimiento. El principio de transparencia es uno de los principios generales de organización en los que se asienta nuestro Código de Conducta, de obligado cumplimiento para toda ONG federada en la CONGDE.

Además, viene desarrollando desde hace años el directorio; actualmente es una herramienta on line de consulta disponible para todo el mundo en la web de la propia CONGDE, que se actualiza anualmente, que recoge información de muchas organizaciones, que permite hacer búsquedas temáticas y geográficas y que viene recibiendo más de 18.000 visitas mensuales.  Es un ejercicio colectivo para reforzar la transparencia y para dar a conocer mejor nuestro trabajo y mantener así la confianza de los miles de ciudadanos y ciudadanas que canalizan a través de las ONG su compromiso para conseguir el derecho a una vida digna de todos los hombres y mujeres de este mundo. A partir del análisis agregado de la información de este directorio, la CONGDE ha publicado, en los últimos tres años, tres informes sobre el conjunto de sus organizaciones miembro, que son representativas del sector de las ONG de cooperación al desarrollo, informes que están disponibles para todo el mundo en la web de la CONGDE.

Desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España consideramos que la transparencia ha de ser uno de los valores estratégicos de nuestras ONG miembro, de forma que podamos actuar y explicar nuestro quehacer en todas las áreas –financiera, de gobierno y toma de decisiones, comunicativa, gestión interna, misión, objetivos y estrategia…- de forma responsable, clara y sencilla. La Fundación Lealtad no es ni el único ni el más importante medio para acreditar nuestra transparencia, mucho menos si su información se tergiversa y malinterpreta como ha hecho el citado artículo de El País.

También entendemos que sería conveniente mantener una conversación serena sobre lo temas antes expuestos y quedamos a su disposición para hablar de todos ellos con la profundidad que merecen.

Atentamente, un saludo

José María Medina, presidente la CONGDE

 

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