A pesar de las treguas, continúan las violaciones de derechos humanos y los ataques a la sociedad civil en todo el territorio ocupado de Palestina

El pasado agosto la población de la Franja de Gaza volvió a convertirse en objetivo de los ataques israelíes en una nueva ofensiva que ha dejado 49 personas palestinas muertas (incluidas 17 menores y 4 mujeres) y 360 heridas (151 menores, 58 mujeres y 19 ancianos). Esta nueva ofensiva, como en previas escaladas, ha supuesto un ataque indiscriminado a población civil bajo el paraguas de la legítima defensa y la lucha contra el terrorismo a partir del uso de métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario, como el castigo colectivo o la falta de acceso a la justicia y garantía de protección.

Debido a la situación de crisis prolongada derivada, entre otros, por el bloqueo impuesto desde 2007 por parte de Israel en Gaza, ha llevado a que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de los más de dos millones de habitantes de Gaza, el 62% necesita asistencia alimentaria y el 70% muestra síntomas de estrés post-traumático

A la asfixiante situación de la población en Gaza, se unen las violaciones de derechos en Cisjordania. En el último año, el número de asentamientos ilegales ha llegado a un total de 132, a los que se suman hasta 147 puestos de avanzada (outpost) no reconocidos oficialmente aún por las autoridades israelíes. Así, en total, más de 450.000 colonos habitan el territorio de Cisjordania, a los que se suman más de 200.000 en la Jerusalén este ocupada. Todo ello va acompañado por una aleatoria aplicación de las autoridades israelíes de la legislación para la expropiación de tierras de la población palestina, lo que ha conllevado a más de 100.000 hectáreas expropiadas desde 1967, desplazando internamente a miles de personas anualmente. El último caso llamativo se ha producido al sur de Hebrón, en la comunidad de Masafer Yatta, donde se ha aprobado la expropiación de las tierras para uso militar, lo que supondrá la expulsión de 1150 personas, cerca de la mitad menores de edad.

Por otro lado, también en el territorio cisjordano, las intervenciones militares realizadas bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo dejan un reguero constante de detenidos y fallecidos. Solo en 2022, varios centenares de palestinos han sido arrestados y 44 han sido asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes. Además, la aplicación de estas normas viene permitiendo al Estado de Israel la aplicación sostenida de una serie de prácticas claramente condenadas por el derecho internacional como la detención de menores, la disolución de protestas con munición real hacia población desprotegida o la extensión por periodos prolongados de detenciones administrativas sin comunicación del delito investigado.

A estos hechos hay que añadir los constantes e impunes ataques de colonos israelíes a poblaciones palestinas, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, en numerosas ocasiones bajo la protección directa de las fuerzas del ejército israelí.

Es, por tanto, un hecho que existe una aplicación sostenida de normas y prácticas contra derecho hacia la población palestina que busca imposibilitar el acceso, disfrute y ejercicio de sus derechos.  Así, la ocupación y las prácticas de apartheid no sólo tienen un impacto sobre los derechos civiles y políticos de los que son garantes la población palestina, sino que es un entramado que afecta a cada uno de sus derechos económicos, sociales y culturales y de tercera generación, con graves consecuencias para su vida y su existencia presente y futura.

Este contexto de represión también ha llegado a las organizaciones locales de derechos humanos, las cuales han visto su capacidad de actuación limitada por las acusaciones de financiación y apoyo al terrorismo, mermando su acceso a fondos y su imagen y provocando un daño irreparable a la búsqueda de justicia y rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos hacia la población palestina desde una perspectiva local.  Así, tras el nombramiento por parte de Israel, en octubre de 2021, de 6 prominentes organizaciones de derechos humanos palestinas como organizaciones terroristas, y tras la petición, en abril de 2022, de los expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como de las autoridades de la UE, de continuar colaborando con estas organizaciones al no existir indicios de que realmente estas organizaciones estuvieran financiando actividades terroristas, las 6 organizaciones han vuelto a ser atacadas. Esta es una estrategia clara por parte del gobierno israelí para debilitar y anular a la sociedad civil palestina, acometiendo directamente contra sus organizaciones más fuertes y que están trabajando directamente con la ONU y con la Corte Penal Internacional para llevar a delante una denuncia contra Israel y Hamas por las violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios ocupados.

Por lo tanto, desde ACPP debemos recordar y tener presente que el territorio palestino es un territorio ocupado por Israel desde 1967, y como fuerza ocupante, como Alta Parte Contratante de los Convenios de Ginebra, y de acuerdo con el Cuarto Convenio de Ginebra y su II Protocolo Adicional, Israel tiene la obligación de proteger a la población palestina civil en todos los territorios bajo su control, es decir, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Como se ha mostrado en los párrafos anteriores, esta obligación de protección se encuentra bajo serios interrogantes, como bien demuestra la apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional en el 2021 hacia el Estado de  Israel y el grupo político Hamás por crímenes de guerra.

Además, ACPP recuerda que la única solución viable a largo plazo es el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos que ocupó en 1967, de acuerdo con las reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y el logro de un acuerdo de paz negociado que garantice el respeto de los derechos de la población palestina y la puesta en marcha de mecanismos de rendición de cuentas.