13 noviembre 2018 El gobierno de Duque y la restitución
La Ley de Víctimas(*) permitió que más de 360.000 familias campesinas que fueron despojadas de sus predios, fincas o parcelas dispongan de un procedimiento institucional para recuperar las tierras que perdieron con ocasión del conflicto armado que agobió a Colombia durante cinco décadas.
El camino jurídico establecido en esa ley, en favor de los campesinos, ha sido permanentemente atacado por terratenientes y políticos de las elites regionales que sustentan sus procesos electorales en los grandes propietarios de la tierra. De otra parte, grupos paramilitares han causado el asesinato de más de 100 reclamantes de tierras sin que tampoco haya respuesta de la justicia, quedando estos crímenes en la impunidad.
Hasta ahora son 300.000 hectáreas las que se han devuelto a víctimas del despojo o abandono forzado, de un total de 6.500.000 hectáreas que se deben restituir, lo que evidencia un proceso demasiado lento en su implementación.
La primera señal en política de restitución de tierras del nuevo gobierno del presidente Duque, a tres meses de su posesión, es haber nombrado de director nacional de esa dependencia a Andrés Augusto Castro Forero, persona que viene de ocupar altos cargos en empresas del sector rural vinculadas al cultivo de palma (Fedepalma), área de la economía que en un pasado reciente estuvo profundamente comprometida con grupos paramilitares que cometieron violaciones masivas a los derechos humanos en varias regiones de Colombia.
Otra señal de la política de restitución de tierras del actual gobierno en Colombia es una reforma de la ley radicada ante el Congreso de la República por la bancada de Duque. Esta reforma busca anular los mecanismos jurídicos existentes que permiten la devolución de tierras a las familias campesinas desplazadas y despojadas de sus predios.
Tres son los puntos centrales de esta reforma: 1. Derogar el artículo de la ley que establece la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima, que es la parte débil dentro del proceso judicial. Actualmente le corresponde al opositor demostrar que adquirió la tierra a un precio justo, que quien le vendió era el verdadero propietario y que la venta no estuvo motivada por coacciones o hechos de violencia. 2. Estos procesos están sometidos a una única instancia; la reforma platea la segunda instancia, lo que conduce a que se conviertan en procesos judiciales de una duración de 12 y 15 años. 3. Pretende la reforma anular la buena fe exenta de culpa que se exige a terratenientes y empresarios que adquirieron tierras aprovechándose de las circunstancias de violencia ocasionadas por el conflicto armado.
De aprobarse la reforma a la Ley de Víctimas impulsada por los congresistas del presidente Duque, estaríamos simplemente ante la legalización del despojo de tierras de los últimos 30 años en beneficio de empresas dedicadas a la explotación de grandes plantaciones de palma, banano, ganadería y la minería. ●
*La Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue aprobada bajo el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos.
Gerardo Vega Medina
Director
Fundación Forjando Futuros