En positivo 2

En positivo 2

En positivo. 2

Desde ACPP defendemos que la cooperación es uno de los instrumentos para luchar contra la desigualdad, también en España, y que debe ser una más de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno. En mayo de 2015 publicábamos un boletín especial que recogía  los compromisos adquiridos en sus programas electorales por diferentes partidos políticos en diversos territorios. Cuatro años después, hemos iniciado esta sección que estamos desarrollando a lo largo de los próximos meses hasta las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en mayo de este año. En ella proponemos un repaso, que no pretende ser exhaustivo pero sí suficiente, del desarrollo de las políticas sociales, y en particular de la política pública de cooperación. Y queremos hacerlo en positivo, seleccionando algunos de los gobiernos municipales y autonómicos que se han distinguido en esta legislatura por marcar una senda en positivo en el ámbito de las políticas sociales. Una senda que en la mayoría de los casos no ha llevado al cumplimiento de los compromisos adquiridos, y exigidos por las asociaciones especializadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero que sí han representado cambios respecto al punto del que se partía, en la gran mayoría de los casos muy significativos. Cambios que, como parte del tejido social de nuestras sociedades, debemos seguir impulsando y exigiendo para que continúen avanzando hasta conseguir los objetivos marcados.

 

Cambios, cambios y más cambios. Continuemos luchando.

Ya han pasado casi 4 años, desde aquel día en el que en el País Valencià se vivió un cambio político histórico. Tras un largo letargo de atomización de la izquierda y de resignación de la ciudadanía -que favoreció que la derecha campara a sus anchas por la Generalitat Valenciana como si de un cortijo se tratara- esa ciudadanía se movilizó y gritó en las urnas BASTA YA.

Muchas de las personas y entidades que formamos la sociedad valenciana, y ACPP-PV no podía ser menos, sentimos por primera vez en mucho tiempo un rayo de esperanza, un aire fresco que nos embriagaba y que nos empujaba a participar con entusiasmo en la co-construcción de las políticas que impulsaría el Gobierno del Botànic, un nuevo modelo de gobierno que pusiera toda la atención  en defender los derechos de todas las personas, por encima de todo. Han sido cuatro años de intenso trabajo, en los que entre todos, y pese a los continuos baches administrativos y económicos, los desencuentros y las limitaciones de expectativas para un periodo tan corto, hemos conseguido desmontar la maquinaria de una administración al servicio de la corrupción y de los más poderosos, unos años en los que se ha creado esta nueva administración que seguimos calibrando (con más o menos desgaste) pero que está bien lubricada y en pleno rendimiento.

El temor de que la sombra de las discrepancias y diferencias propias de un gobierno en coalición afloraran e hicieran mella en la gestión siempre ha planeado, pero el compromiso por unir esfuerzos y estar al servicio de la ciudadanía ha seguido siendo la clave, junto con el servicio de veeduría del tejido social que ha hecho que este nuevo modelo sea posible. Muchísimos retos todavía por delante, pero con un camino ya definido con más de medio centenar de leyes para recuperar el Estado del Bienestar especialmente en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales (algunas de ellas boicoteadas por el gobierno de Rajoy) y también medidas de regeneración democrática y transparencia. Entre estas muchas leyes destacamos la de Salud Universal, de Renta Garantizada de Ciudadanía, de Función Social de la Vivienda o Para el Fomento de la Responsabilidad Social.

En ese sentido ACPP-PV durante este periodo ha trabajado en impulsar proyectos de cooperación en países como Palestina, Túnez, El Salvador o Niger, alineados y en coherencia con algunas de estas leyes más vinculadas a nuestro campo de intervención.

El pasado 21 de noviembre el Pleno de Les Corts aprobó la ley valenciana de igualdad LGTBI algo impensable hace algunos años, que establece medidas en sanidad, educación, empleo y atención social para conseguir una “igualdad real” y luchar contra la LGTBfobia, además de prohibir las terapias de aversión para modificar la orientación sexual o la identidad de género. Diferentes colectivos luchamos para que todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales puedan ser libres y no ser discriminadas de manera constante, no sólo en nuestro territorio, sino también a nivel internacional. Es por ello que desde ACPP-País Valencià estamos poniendo un especial esfuerzo en esta lucha en El Salvador, donde junto a nuestras contrapartes trabajamos para la consecución del derecho a una vida libre de violencia, abordando la discriminación y violencia contra las personas LGTBI .

También ha sido en el País Valencià donde se ha firmado el primer Pacto contra la violencia de género y machista, suscrito por las instituciones valencianas, los partidos políticos, las universidades, los medios de comunicación, intervinientes de la justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades y organizaciones de la sociedad civil, que incluye en la agenda pública valenciana la lucha colectiva contra las violencias machistas y por la igualdad de género. ACPP-PV, dentro de este paraguas, realizó la proposición no de ley en les Corts promovida por las compañeras de ORMUSA, La Colectiva Feminista y la Alianza por la Vida y Salud de las Mujeres de El Salvador, y apoyada por ACPP, que surgió de una visita a Valencia de representantes de estos colectivos para frenar la reforma del Código Penal Salvadoreño y la penalización del aborto.

Pero os preguntaréis, ¿y qué ha sido de la política específica de cooperación durante estos últimos cuatro años? Porque mucho hemos hablado del enfoque de derechos del Gobierno de Botanic, pero ¿y la solidaridad internacional del pueblo valenciano?

Lejos quedan los tiempos de Blasco en los que los representantes máximos de la administración utilizaron la cooperación para enriquecer sus bolsillos (aunque todavía quedan pendientes de resolver diversas causas penales). Durante esta legislatura nos consta que la Generalitat Valenciana ha realizado un esfuerzo titánico para colaborar con la justicia y esclarecer el pasado más oscuro de esa área. Además ha incrementado sus recursos técnicos con el fin de supervisar los cientos de proyectos de cooperación tanto de las ONGD del País Valencià, como de las diferentes empresas y entidades creadas para la trama corrupta y que por interés o dejadez de funciones de la propia administración nadie había supervisado todavía. También ha reformado la ley de Cooperación ligándola a la implementación de la Agenda 2030 e impulsado el funcionamiento del Consejo Valenciano de Cooperación, dando una mayor representatividad al tejido social de cooperación y apostando por la participación de la totalidad de las fuerzas políticas en les Corts incrementando su perfil democrático y plural y de corresponsabilidad.  En este periodo también ha dado forma junto a las ONGD valencianas al IV Plan Director de Cooperación que establece el principio de una nueva cooperación valenciana basada en el enfoque de derechos humanos, incorporando nuevas prioridades geográficas acordes con el nuevo escenario internacional, y un largo, etc.

La voluntad política vemos que es fundamental para tener un modelo de cooperación real y concreto pero resetear la dinámica de la administración del Partido Popular en materia de cooperación también era algo imprescindible.

Pero al hacer todo esto ¿ha cumplido los compromisos presupuestarios electorales adquiridos en 2015? Pues este  es el talón de Aquiles de la cooperación valenciana. No podemos obviar que ha habido un gran incremento de recursos a nivel absoluto si partimos de los escasos 4 millones presupuestados para el 2015 por el gobierno precedente. Cuatro años después, el presupuesto de la Generalitat Valenciana del 2019 para cooperación asciende a casi 33 millones de euros, suponiendo un incremento porcentual de casi un 750%, lo que evidencia un gran esfuerzo, y más teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento de la administración valenciana. A pesar de ello, el compromiso de dedicar el 0’4% del presupuesto de la Generalitat Valenciana, aunque con una ejecución presupuestaria en el 2018 de un 96%, se ha quedado en un simple espejismo, ya que esos 33 millones representan sólo el 0’14% de la totalidad del presupuesto. Se ha incumplido rotundamente el objetivo marcado y en esto entre otras cosas ACPP-PV seguirá haciendo incidencia.

La política de cooperación y la solidaridad internacional durante mucho tiempo fue un arma de desprestigio político y territorial, pero con esfuerzo y por la corresponsabilidad de las ONGD en su desarrollo y la presión política que realizamos con otras entidades, ha pasado a ser parte de las señas de identidad del gobierno del Botanic (como se evidenció con la acogida del Barco Aquarius). Porque las políticas de cooperación expresan la voluntad del pueblo valenciano de ser más solidario también con otras sociedades

En esta tierra todavía queda mucho camino por recorrer, pero la senda ha empezado a dibujarse. Necesitamos profundizar en todos los campos para materializar los compromisos y consolidar los puentes que se han tendido durante esta última legislatura con el tejido social valenciano, porque es cosa de todos. ●

 

Pues la ciudad, NO es siempre la misma…

“…

No hallarás otra tierra ni otro mar.

La ciudad irá en ti siempre.

Volverás a las mismas calles.

Pues la ciudad es siempre la misma.”

 

… dice Cavafis en su poesía de “La Ciudad”.  Sin duda no habla de Zaragoza, no habla de sus últimos años con sus cambios, con su rol transformador, transformándose.

Ahora, las personas que vivimos en Zaragoza, vivimos en las mismas calles pero con cambios visibles.  Por ejemplo, Zaragoza lleva muchos años haciendo un esfuerzo para alcanzar el título de Ciudad por el Comercio Justo. Cientos de tiendas, establecimientos de hostelería, centros educativos, asociaciones, empresas, entidades del sector público, ONG y el propio Ayuntamiento de Zaragoza han hecho una apuesta por poner en práctica hábitos de consumo responsable a través de la compra de productos de Comercio Justo para contribuir a un Desarrollo Sostenible, principalmente en países empobrecidos del Sur. Para reconocer el esfuerzo realizado, tras alcanzar los  criterios objetivos y cuantificables establecidos con relación a la comunicación, la accesibilidad al Comercio Justo y el apoyo institucional, ahora Zaragoza es la Ciudad por el Comercio Justo. Dicho título fue entregado a Zaragoza en el mes de mayo de 2017.

Así mismo, en las mismas calles ya no hay rumores y las plazas gritan “MIGRAR Es Un Derecho”. El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Entidades sociales de la ciudad y Asociaciones de inmigrantes (desde ACPP formamos parte de esta alianza), está llevando a cabo una línea de intervención dirigida a contrarrestar y frenar aquellos rumores negativos en torno a la inmigración que circulan en nuestra ciudad, dificultando y perjudicando la convivencia intercultural: Zaragoza, Ciudad Antirumores.

También últimamente el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sacó adelante una declaración institucional y se firmó finalmente el segundo Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuesto por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y con vigencia de dos legislaturas con el compromiso de llegar a 0,7% ya que el aumento de los últimos años está muy cerca de 0,5% finalizando el año 2018.

Y nosotras, desde ACPP-Aragón las personas que formamos parte de la sociedad civil de nuestra ciudad, seguimos luchando para aportar nuestro granito de arena. Gracias al apoyo y la apuesta por una Cooperación al Desarrollo fuerte por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, seguimos trabajando en Senegal, Palestina y en numerosos centros públicos en nuestra ciudad para realizar nuestros proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global para una transformación social a través de nuestro marco de proyectos Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo.

Gracias a la otra apuesta del Ayuntamiento en los últimos años para la Igualdad en nuestra ciudad, este año tendremos oportunidad de profundizar nuestra actividad en varios centros de infantil y primaria trabajando los feminismos. El objetivo general de nuestro proyecto  “ESR, Escuelas para la Paz y el Desarrollo: Educando en Igualdad de Género” será promover la Igualdad de Género para una sociedad más justa y equitativa en el ámbito educativo en nuestra ciudad. Porque como dijo Platón, “lo que quieras para la ciudad, ponlo en la escuela”. Y sin duda, queremos una ciudad que genere una mayor igualdad y favorezca la convivencia de niñas y niños, mujeres y hombres. Enseñar desde y para la no-violencia e integrar a las comunidades educativas en un proceso de transformación de la sociedad hacia la justicia, el Desarrollo y la Paz. Y todo ello incorporando el respeto a la diversidad de género, la interculturalidad y la participación social en procesos de construcción de paz que se inicien desde la escuela y con la población más joven.

Así que, querido Cavafis, ojalá pudieras visitar nuestra ciudad, ya verías que la ciudad no es siempre la misma. Y somos muchas personas las que buscamos y creemos que sí, que hay otros caminos y barcos. Junto con las políticas y derechos sociales fuertes, ponemos la vida y las personas en el centro y re-construimos toda la tierra. ●

 

Palma avanza hacia un modelo de ciudad más justa e igualitaria.

Hemos comenzado el año haciendo balance no solo del alcance de nuestros propósitos y metas personales en el periodo que acabamos de dejar atrás, sino también mirando y analizando con perspectiva lo que este tiempo de legislatura ha dado de sí en las políticas locales. Esas políticas que se convierten en acciones que nos tocan y nos condicionan en nuestro día a día, acciones que observamos y/o de las que participamos en nuestro barrio y ciudad de referencia.

El acuerdo tripartito para el gobierno municipal de Palma, firmado en 2015 y con alternancia para sustentar el cargo de alcalde de la cuidad, fue una apuesta por el cambio para dejar atrás un periodo de políticas conservadoras salpicadas de grandes escándalos de corrupción (véase el judicializado Caso Cursach sobre la trama de corrupción policial y política). Este acuerdo planteaba una ciudad de Palma más social, más participativa y democrática, más moderna y más sostenible; muchos retos que tendrían que concretarse en medidas muy negociadas y consensuadas entre las distintas fuerzas políticas que conformaban el gobierno municipal.

Durante este mandato se han impulsado un buen número de políticas sociales. Entre ellas, se ha aumentado el número de centros y personal de atención social en los barrios para acercar los servicios sociales a la ciudadanía. Los servicios sociales comunitarios han apostado por un trabajo en red, con participación de las entidades del tercer sector y por acciones más participadas con vecinos y vecinas de los barrios. Un ejemplo de ello, está en el barrio de S’Arenal donde estamos desarrollando nuestro programa Barrios Abiertos. En el año 2016, justo en el momento en que arrancaba nuestro programa, se abrió un punto de atención de servicios sociales en el barrio, lo cual ha sido un elemento clave para la coordinación y desarrollo durante estos tres años de trayectoria. El equipo de ACPP Illes Balears ha contado con un apoyo constante del equipo de Servicios Sociales y de la oficina del Distrito de Playa de Palma del Ayuntamiento para las actividades que se han impulsado con el objetivo de contribuir a fomentar la cohesión social, el diálogo y la convivencia intercultural en S’Arenal.

Sin embargo, el aumento en el gasto social que ha realizado el Ayuntamiento de Palma durante esta legislatura, no se ha visto reflejado en su política de cooperación. No se ha recuperado la convocatoria a proyectos de cooperación y educación al desarrollo que el ayuntamiento tenía antes de la crisis, a la que llegó a destinar un millón cien mil  euros en el año 2011, último año de publicación. Durante esta legislatura el ayuntamiento ha mantenido una parte de la antigua convocatoria para actividades de sensibilización y promoción de los derechos humanos, a la que ha destinado 60.000 euros anuales. Estos recursos más la aportación del Ayuntamiento al Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperació, suponen un 0,03 del presupuesto total consolidado del consistorio, un cifra que está lejos del 0,25 del año 2011, más lejos aún de la referencia del 0,7% y que no está acorde con la apuesta de la institución por promover y facilitar la implicación de la ciudadanía para avanzar en sociedades más justas e igualitarias.

Aun partiendo de que los recursos de esta convocatoria han sido escasos, para ACPP Illes Balears el apoyo del Ayuntamiento de Palma ha significado poder fortalecer la implementación del programa Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR, EPD) en varios centros educativos de la ciudad. Se han impulsado acciones para favorecer la interculturalidad y la apreciación de la diversidad como fuente de enriquecimiento y prevenir cualquier tipo de discriminación, en línea con una de las políticas del área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos. Se está impulsando la Red Stop Racismo, integrada por instituciones y entidades sociales que trabajan en la atención o la sensibilización para avanzar hacia una sociedad intercultural e igualitaria. Este trabajo se ha planteado como un proceso colaborativo, abierto y dinámico, que ha posibilitado la creación de una guía de recursos y el desarrollo de dos jornadas para la visibilización de las personas víctimas de discriminación y para poner en valor algunas buenas prácticas realizadas por las entidades, entre ellas ACPP. Recientemente, también se ha firmado un protocolo entre diferentes instituciones y entidades para coordinar la atención y respuesta ante situaciones de discriminación, racismo y xenofobia.

Tal y como se expresa en algunos de los documentos elaborados por la Red Stop Racismo, el racismo y la xenofobia son actitudes que suponen una amenaza grave a la cohesión social, la convivencia y los derechos fundamentales de las personas y toda la sociedad, de una forma u otra, puede contribuir a erradicar esta lacra. ACPP se suma y participa de estas iniciativas, ya que creemos en los espacios de intercambio y reflexión entre administraciones y organizaciones sociales para combatir el racismo y la xenofobia y avanzar en nuestro propósito de contribuir a lograr sociedades más activas en la defensa de los derechos humanos.

Necesitamos seguir avanzando en la senda marcada para la ciudad de Palma y para ello se requiere más voluntad política que refleje el compromiso con la cooperación y la voluntad solidaria de la sociedad palmesana.