¿Extranjeros en su propio país?

¿Extranjeros en su propio país?

Miles de personas nacidas en la República Dominicana descendientes de haitianas/os, viviendo en condiciones de irregularidad y que por diversas razones no han podido inscribirse en el registro civil han quedado en un limbo jurídico tras la finalización el 2 de agosto del proceso de aplicación del plan nacional de regularización de personas extranjeras.

Según la Convención sobre el Estatuto de las personas apátridas de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, un/a apátrida es definido como: Cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación. La población de ascendencia haitiana que no pudo registrarse de 1929 a 2007 está a punto de vivir bajo esta condición, puesto que el Estado dominicano no le reconoce sus derechos de nacionalidad en base al principio de Ius Soli que regía en la constitución dominicana hasta su reforma el 26 de enero de 2010. Tampoco el Estado haitiano reconoce la condición de haitiano de estas personas puesto que los mismos nacieron, crecieron y se desarrollaron como personas en territorio dominicano.
El pasado 2 de agosto venció el plazo de 45 días otorgado por el decreto presidencial que instruye la aplicación del Plan Nacional de Regularización de personas extranjeras. Con el mismo han concluido dos años de un largo proceso destinado a la regularización de personas que residían de forma irregular en territorio dominicano, como parte de la aplicación de la Ley de Migración. Según datos oficiales, de las 288.466 solicitudes para acogerse al plan de regularización, 239.000 cumplieron con los requisitos exigidos y, por lo tanto, serán beneficiadas con la entrega de un estatus migratorio provisional de uno o dos años de vigencia, mientras que el resto fueron rechazados porque no contaban con ningún tipo de documento. También según información de la Dirección General de Migración dominicana, alrededor de 45.000 personas optaron por “voluntariamente” regresar a su país de origen por temor a ser deportados y a perder los bienes adquiridos y acumulados en la República Dominicana.
No obstante, la aplicación de la Ley 169/14 sobre regularización, en la parte referida a los nacidos en territorio dominicano de ascendencia haitiana entre 1929 y 2007 y no inscritos en el registro civil, sólo registró la cantidad de 8.000 personas que se acogieron a los términos de dicha Ley. Esto, en un país en el que las/os haitianas/os, representan el 87,3% de la población inmigrante y un 4,7% de la población total, hace prever la existencia de una gran cantidad de población haitiano-descendiente que ha quedado excluida de ese proceso de regularización por diversos motivos incluyendo el miedo, la pobreza extrema y el desconocimiento. Esta exclusión les aboca a la condición de apátridas, abriendo la posibilidad de que sean deportadas de forma masiva a Haití y posteriormente devueltas por este país, en un proceso kafkiano que agravaría sensiblemente la situación de extrema vulnerabilidad que tradicionalmente ha vivido este sector de población en República Dominicana.

haiti dominicana
La sociedad civil dominicana y los diversos colectivos de derechos humanos presentes en el país, se encuentran altamente preocupados por este nuevo contexto de agravamiento de una vulnerabilidad que ya es crónica en este sector de la población por lo que es necesario desarrollar un movimiento de opinión pública destinado a sensibilizar al gobierno dominicano y a toda la comunidad internacional para que esta población sea protegida en su derecho.
En este contexto, el Instituto Dominicano de Acción Comunitaria (IDAC) y ACPP, nos encontramos vigilantes ante esta situación, haciendo posible intervenciones como la que desde diciembre de 2014 se viene desarrollando con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación y el Ayuntamiento de Gijón en la provincia de San Pedro de Macorís.
Con el desarrollo de este proyecto, estamos reforzando los diferentes mecanismos de defensa de los DDHH de la población de esta provincia, que cuenta con una de las mayores proporciones de población de origen haitiano del país. Estas personas podrán contar con un centro de asesoría jurídica y acompañamiento para las gestiones legales necesarias, compuesto por personal previamente capacitado a través del proyecto. Igualmente, se está dotando a la provincia de un órgano de vigilancia y observación de violaciones de DDHH que emitirá informes, realizará incidencia social y política y denunciará a nivel nacional e internacional los casos de vulneración de DDHH en el país. Además, se está desarrollando una extensa campaña de sensibilización con el objetivo de que el conjunto de la población dominicana esté informada y concienciada sobre el alcance de esta problemática.



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