13 diciembre 2019 La venganza de los empresarios contra los reclamantes de tierra – Comunicado de prensa
Colombia sigue presentando el mayor número de desplazados internos a nivel mundial, superando incluso a Siria, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Muchas de estas personas perdieron su tierra que, según cálculos de entidades del Estado colombiano, representan alrededor de 6.500.000 hectáreas, es decir, el tamaño completo de Lituania.
Acto de entrega material de tierras en la vereda Guacamayas (Turbo) mayo 15 de 2019.
Con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado, el expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón, aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta representó un gran avance a nivel legislativo con el objetivo de atender a más de 8 millones de víctimas, casi el 20% de toda la población del país, pero la restitución de tierras, uno de los componentes más importantes de la ley, apenas ha avanzado un 6% de toda la tierra despojada o abandonada.
Adicionalmente, el poco avance en la restitución de tierras viene también acompañado de todo tipo de ataques contra las familias campesinas que buscan recuperarlas. Las agresiones van desde amenazas y asesinatos de sus líderes, a la persecución judicial, como la ocurrida recientemente contra 9 reclamantes de tierra.
Los hechos pasaron el pasado 26 de noviembre cuando la Fiscalía General de la Nación capturó a nueve reclamantes de tierra de Urabá. Los retenidos son ocho hombres y una mujer: Víctor Manuel Correa, Fredy Correa Cuadrado, Saulo David Úsuga, Omar Quintana Suárez, Julio César Correa, Rosember Ibáñez, Freddy Correa, Tito David Gómez y Sandra Medrano, en su mayoría, integrantes de la Asociación Tierra y Paz. Estas personas viven en la vereda Guacamayas, del corregimiento de Macondo, municipio de Turbo, que a su vez forma parte del Consejo afro y Comunitario de La Larga y Tumaradó –COCOLATU-.
Desde el 2013, alrededor de 200 familias cansadas de esperar a que el Estado les devolviera las tierras que perdieron con motivo del conflicto, decidieron retornar sin acompañamiento institucional al territorio que comprende el Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó que representa 20 consejos menores y alrededor de cien mil hectáreas.
Ante este retorno masivo, un Juez emite una orden para protegerlas, decretando dos fundamentales: (1) el reconocimiento de “retornados sin acompañamiento institucional” y no invasores; (2) la solicitud a las autoridades competentes de garantía de la vida de estas personas.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía se ha centrado en que el 26 de noviembre del 2014 estas personas invadieron una finca en la que agredieron igualmente al mayordomo (capataz). Un funcionario público que conocía el proceso, afirmaba que si capturaban a estas nueve personas debería haberse detenido a las 500 familias que integran el Consejo Comunitario.
El Juez frente a las pocas evidencias presentadas ordena la medida de aseguramiento, a pesar de que tres de ellos, tienen más de 70 años, presentan problemas de salud y ninguno supone un peligro para la sociedad. Además, una de las personas retenidas, Rosemberg Ibáñez, ya fue reconocido como víctima y restituido materialmente el pasado 15 de mayo del 2019 mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Las familias que viven en ese territorio han recibido múltiples ataques por parte de los opositores a la restitución de tierras, que están documentados por la Defensoría del Pueblo desde hace más de cinco años. Igualmente, la Defensoría ha solicitado protección para la población campesina afectada, encontrándose entre ésta varias de las personas recientemente capturadas.
Paradójicamente los fiscales y jueces de la zona de Urabá archivan las denuncias por amenazas o muerte de población campesina reclamante de tierras. Desde 2008, 22 personas han sido asesinadas por reclamar tierras en la región, siendo el último de ellos el caso de Porfirio Jaramillo en enero del 2017, quien vivía a 10 minutos de la vereda de Guacamayas.
De igual manera la Fiscalía tampoco ha iniciado ninguna investigación contra la empresa Inmobiliaria Inversiones ASA S.A, declarada despojadora de las tierras de Guacamayas por las Altas Cortes de Colombia. El representante legal de esta empresa, Humberto Duque, está vinculado a investigaciones contra el ex senador Mario Uribe (primo de Álvaro Uribe) por parapolítica y al escándalo de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del ex presidente, por la adquisición de un predio en Mosquera meses antes de que fuera convertido en zona franca y aumentara su valor.
Recientemente una delegación de España, entre las que se encuentran ACPP, además de Mundubat, la Red de ONGD de Madrid, el PSOE-Madrid, Casa de Colombia, Asamblea de Cooperación por la Paz, visitó a los capturados en la cárcel de Apartadó (Urabá), pudiendo comprobar el débil estado de salud de algunos de ellos y la desolación de todos ante tamaña injusticia por su encarcelamiento. Esta visita se realizó en el marco de la misión de retorno de Carlos Páez, dentro del Programa de Acogida “Madrid Protege” financiado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Mundubat, con la colaboración de la Red de ONGDs de Madrid. Y en la que recientemente ACPP ha actuado como entidad de acogida de Carlos Páez en Madrid, miembro de Tierra y Paz.
Desde ACPP apoya la restitución de tierras en el marco de la justicia transicional en Colombia. Se ha apoyado la representación jurídica de reclamantes de Guacamayas, hecho seguimiento a su situación y acompañado en el proceso de retorno a sus tierras. Es un ejercicio de justicia que entendemos imprescindible para la Colombia del post conflicto. En esta línea, denunciamos el retroceso que supone la detención de reclamantes.
El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, considera que este hecho representa un ataque y venganza contra la población campesina que lucha por la restitución de sus predios en la región de Urabá por parte de quienes se oponen a estos procesos y han usufructuado estas tierras por más de 20 años.
Todo esto ocurre cuando Carlos Páez es reconocido por la revista de mayor circulación nacional, por su liderazgo social en 2019.