¿Un paso hacia la despenalización del aborto en El Salvador?

¿Un paso hacia la despenalización del aborto en El Salvador?

El pasado martes 11 de octubre ha sido presentada en la Asamblea Legislativa de El Salvador la pieza de correspondencia que pretende modificar el art 133 del Código Penal relativo a la prohibición de cualquier tipo de aborto en el país.

Esta propuesta ha sido presentada por diputados y diputadas del FMLN encabezados por la presidenta de la Asamblea Lorena Peña y organizaciones sociales como el Foro Nacional de la Salud y la “Alianza por la Salud  y la Vida de las Mujeres” de la que Asamblea de Cooperación por la Paz forma parte.

Con esta modificación se pretende incluir cuatro supuestos en los cuales el aborto no sería punible:

  • En caso de grave riesgo para la salud de la madre
  • Cuando sea un embarazo producto de una violación sexual
  • En caso de malformación del feto incompatible con la vida extrauterina
  • En menores de edad en los casos de violación y estupro de acuerdo a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA)

Con la presentación de esta propuesta comienza un largo camino hasta la posible aprobación de la reforma. Actualmente la pieza ha sido discutida por la Asamblea y ha pasado a ser estudiada dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para continuar su camino hasta la aprobación final. El Diputado y médico pediatra del FMLN Guillermo Mata fue el encargado de defender la necesidad de modificar el art 133 del Código Penal.

Las estadísticas con las que trabaja la “Alianza por la Salud y la Vida Sexual de las Mujeres” reflejan que el 30 % de embarazos en 2015 fueron de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, es decir 25,132 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en este período. De estos 1,444 fueron en niñas entre 10 y 14 años; según la legislación actual todos estos casos son considerados delitos de violación. En 2015 la PNC registró un promedio de 5 casos cada día de violencia sexual y entre enero y agosto de 2016, se reportaron 11 denuncias diarias por violencia sexual, el 78% en niñas y adolescentes.

La legislación actual supone también un problema para la seguridad jurídica del personal sanitario que atiende los casos de embarazos de alto riesgo, en los que se recomienda la interrupción del embarazo por suponer un peligro para la vida de las mujeres, ya que corren el riesgo de un procesamiento judicial. En este supuesto, también se incluyen los tratamientos de cáncer que no se pueden realizar a mujeres enfermas por suponer un riesgo para el feto.

Desde las entidades que formamos parte de la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres hacemos un llamado a las y los legisladores a trabajar y debatir de forma informada sobre el tema para poder crear una legislación acorde con las circunstancias actuales.

Si quieres apoyar esta causa, puedes hacerlo firmando la recogida de firmas abierta por la Alianza en change.org:  Aquí