25 años trabajando por la paz y la justicia social en El Salvador: Apuesta por unas infraestructuras básicas públicas y vivas

Durante estos 25 años que ACPP viene trabajando en El Salvador, uno de los ejes que ha permanecido por su pertinencia es el de promover el acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) mediante el fortalecimiento de los servicios públicos a través de la instalación, construcción o rehabilitación de infraestructuras básicas como son escuelas, establecimientos de salud, viviendas o sistemas de agua y saneamiento.

Los DESC son reconocidos internacionalmente como derechos humanos fundamentales. El Salvador, al ser parte de tratados y convenios internacionales, está comprometido con proteger y promover estos derechos. A través de ello se mejora el bienestar de la población ya que se refieren a cuestiones como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la alimentación. Garantizar estos derechos mejora el bienestar de la población, reduciendo la pobreza y la desigualdad. Así, se promociona también un desarrollo sostenible, ya que un país con una población educada y saludable, es más capaz de participar en actividades económicas productivas y cuidar su entorno. Garantizar que las personas tengan acceso a una educación de calidad, atención médica adecuada y condiciones de trabajo justas respeta y promueve la dignidad de todos los ciudadanos. También es importante en una sociedad como la salvadoreña ya que tratamos de contribuir a la estabilidad social y política, reduciendo las tensiones y conflictos que pueden surgir cuando las condiciones de vida son precarias.

Desde el año 2005, y coincidiendo con el paso de la tormenta tropical Stan, junto a la social local Fundación REDES, ACPP inició un trabajo de atención a personas afectadas por ese fenómeno, construyendo soluciones habitacionales de post emergencia. Gracias al aprendizaje de ese proceso, ACPP, junto a REDES pero también con otras socias locales como la Fundación CORDES o ALFALIT, y siempre contando con la organización comunitaria en diversas zonas del país, desarrollamos una estrategia entre 2006 y 2018 a través de la cual se pudieron ejecutar numerosos proyectos que mejoraron el acceso al derecho humano a la vivienda con un enfoque inclusivo de más de 500 familias. En todas las intervenciones se incluía un fuerte componente de articulación social, especialmente de mujeres, jóvenes y de personas con discapacidad, buscando disponer de espacios de convivencia, esparcimiento digno y diálogo.

Además de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, también hemos trabajado, muchas veces paralelamente, en promover el derecho humano al agua y saneamiento. De la mano de las organizaciones locales antes señaladas, pero también de otras como Comandos de Salvamento, y trabajando tanto en acciones de cooperación al desarrollo como de acción humanitaria, más de un millar de familias han podido mejorar tanto la disponibilidad de agua como sus condiciones higiénico sanitarias. Siempre, tal y como ACPP y sus socias abordamos nuestro trabajo, desde una filosofía de participación ciudadana, especialmente de las mujeres, en la gestión de recursos colectivos.

Bajo la idea de apoyar los procesos de formación de la ciudadanía y potenciar la cohesión social y la seguridad, hemos abordado la rehabilitación y equipamiento de más una decena de centros educativos, llegando a beneficiar a más de 1.000 niñas y niños. Más allá de actuar únicamente en las infraestructuras, se ha tratado de fomentar la responsabilidad y la interacción de todos los actores relacionados con la comunidad escolar, entendiendo estos espacios como simbólicos y de referencia para todas las personas.

Por último, también aproximadamente 1.000 mujeres se han podido beneficiar de una mejora en el acceso a servicios de salud, especialmente servicios de salud sexual y reproductiva. La rehabilitación y construcción de clínicas rurales está siendo una estrategia de defensa y promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres. Junto a nuestra socia local ORMUSA, en alianza con gobiernos locales y en coordinación con el ministerio de salud, trabajamos también fortaleciendo la organización comunitaria de las mujeres en torno a las infraestructuras habilitadas, para así garantizar la sostenibilidad y permanencia de los servicios ofertados.