25 años trabajando por la paz y la justicia social en El Salvador: Comprometidas con los Derechos Sexuales y Reproductivos

ACPP viene trabajando desde 2014 con La Agrupación por la Despenalización del Aborto y con la Organización de Mujeres Salvadoreñas en la lucha por el acceso a los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) de las mujeres en El Salvador, y que están marcados por la penalización absoluta del aborto. Esta restricción  forma parte de una política que niega el reconocimiento y ejercicio de estos derechos a todas las personas y tiene severas consecuencias en la vida y la salud de las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como en la calidad de democracia que se vive en El Salvador, ya que el gobierno que modificó las leyes del aborto en los 90, estableció un aparato de persecución judicial para denunciar, investigar y procesar cualquier actividad sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros lugares de salud del país. Se niega a las mujeres el derecho a decidir ante situaciones de embarazos no deseados o impuestos, aun cuando sean el resultado de violaciones sexuales, cuando el feto presenta anomalías congénitas incompatibles con la vida extrauterina e incluso cuando los embarazos presentan complicaciones obstétricas que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres. Desde 2009 se han dado algunos avances en la forma o revisión de aplicación de la ley, pero en realidad, incluso después de 10 años del gobierno progresista de entonces, la normativa no ha cambiado y se sigue criminalizando a las mujeres.

En este marco, las luchas por la justicia reproductiva y las denuncias ante las graves violaciones de derechos humanos en este campo, ocurren en un contexto de silencio y ocultamiento. Sólo mediante largos procesos de acumulación de esfuerzos y la búsqueda de coincidencia en diferentes campos de intervención ha logrado que la evidencia y la verdad llegue a espacios públicos y medios de comunicación social con amplia cobertura.

Lo anterior se ha logrado con la Campaña “Libertad para las 17”, mediante la cual a lo largo de varios años se ha logrado la libertad de 70 mujeres, la mayoría de ellas condenadas a severas penas de encarcelamiento de 30 hasta 50 años de prisión. También se ha alcanzado esta repercusión e incidencia política y social en los procesos de litigio internacional, especialmente ante el Sistema  Interamericano de Derechos Humanos, en diversos casos como los de Manuela o Beatriz, de repercusión mediática también en España, en los cuales ACPP ha tenido una presencia activa.

Ante esta realidad social y también política, ACPP y sus socias vienen planteando un trabajo en el que es necesario aunar esfuerzos para luchar a través de la incidencia y litigio estratégico, cambiar el imaginario social del aborto para la reivindicación de la necesidad de un cambio legislativo, así como apoyar a aquellas mujeres y sus familias que se han visto criminalizadas por esta casuística.

ACPP también viene trabajando en los DSR desde una visión más amplia, y es que en 2022 un total de 2.997 mujeres fueron víctimas de hechos de violencia sexual, y entre 2017 y 2021 se ha tenido un promedio de 20 embarazos de adolescentes al día. Esto, unido a las carencias en atención primaria y, por lo tanto, en detección, así como la ausencia de educación integral en sexualidad en las escuelas e instituciones, configuran un cóctel multifactorial que genera una vulneración de derechos hacia las mujeres en varias dimensiones.

Y también desde hace más de 15 años, ACPP viene trabajando en una estrategia junto con la mencionada ORMUSA y la Asociación de Promotores Comunales (APROCSAL) en la que se conjuga la educación popular y la organización comunitaria, con el incremento de capacidades del sector público para atender a las mujeres en salud sexual y reproductiva desde la prevención, apoyando campañas de tamizaje, formando a titulares de obligación y responsabilidad, y rehabilitando o construyendo clínicas asistenciales rurales, en un trabajo enfocado durante 25 años en la necesidad de fortalecer una sociedad civil dinámica y comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos