11 noviembre 2023 25 años trabajando por la paz y la justicia social en El Salvador: Derechos humanos civiles y políticos: última trinchera democrática
Desde los Acuerdos de Paz (1992) tras doce años de guerra civil en El Salvador, la violencia fue aumentando en el país centroamericano, principalmente porque no se consiguió desarrollar un modelo de desarrollo que erradicara las injusticias que generaron la guerra (1980-1992) y lograra progresivamente la inclusión social de todas las personas salvadoreñas. Al contrario, en estos 27 años de débil democracia han preponderado las recetas neoliberales y el sostenimiento de los intereses de las minorías privilegiadas, que se han ido configurando desde los tiempos de la colonia y la independencia (1821). No obstante, sí que se lograron dar pasos importantes a nivel de construcción de un Estado de Derecho, con la participación e incidencia de los movimientos sociales, que hacían del país “a priori” el menos inestable de la región centroamericana. Los gobiernos del FMLN (2009-2014 y 2014-2019) lograron implementar medidas a favor de derechos civiles y sociales progresistas, pero sin llegar a modificar una estructura que favorece la exclusión, la desigualdad y la corrupción.
Nayib Bukele capitalizó el malestar general logrando ganar las elecciones en febrero de 2019 en primera vuelta (con más del 50% de los votos), generando ilusión en diversos sectores y movilizando a sectores nuevos como la juventud. Después de casi 5 años de gobierno, podemos decir que su pensamiento y dinamismo de gobierno es prácticamente autocrático. Su bandera de gobierno ha sido la “mejora” de la seguridad, aunque para ello haya tenido que hacer desaparecer la independencia de las instituciones1, principalmente la justicia, y haya tenido que encarcelar a más de 70.000 salvadoreñas y salvadoreños2, buena parte de ellos inocentes, quienes además han sufrido una falta de garantías procesales, así como torturas y vejaciones3. También con la excusa de la seguridad se ha encargado de reducir a la mínima expresión, a través de presiones y coacciones, los medios de comunicación independientes, y ha llevado a la más absoluta oscuridad la transparencia y rendición de cuentas.
La labor de ACPP durante estos 25 años ha ido encaminada a fortalecer el acceso y disfrute de la ciudadanía a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, que son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Pero además, en todas las intervenciones, siempre se han incluido importantes componentes dirigidos a construir una ciudadanía crítica, consciente y conocedora de sus derechos. Esta labor es la base que da sentido a cualquier solución a las condiciones materiales de vida de las personas. Sin embargo, la situación por la que está atravesando El Salvador ha hecho que desde ACPP nos encontrásemos empujadas, junto a nuestras socias locales, a volver a una línea de trabajo que pensábamos superada pues, a pesar de ser una débil e imperfecta democracia, en El Salvador no se anticipaba tener que volver a trabajar en los derechos humanos de primera generación, como son la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de libre pensamiento. Esta última etapa, si bien ya había empezado en 2020 con el trabajo de protección de mujeres defensoras de derechos humanos, adquirió un nuevo cariz a partir de 2021 con un trabajo junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), el periódico digital El Faro y otros medios de comunicación alternativos, al trabajar conjuntamente para mitigar los efectos de la persecución a periodistas y el cierre de canales de información pública. La represión y persecución sobre las organizaciones sociales y personas salvadoreñas que demandan un debido proceso, y la aplicación de hecho de un estado democrático y de derecho, nos incoan a trabajar en contribuir a conseguir los recursos económicos y políticos necesarios para generar las condiciones para que un espacio cívico favorable vuelva a resurgir y permita poder atender las demandas de la población salvadoreña de justicia y democracia. ●