ACPP denuncia campañas de descrédito contra nuestra contraparte colombiana Fundación Forjando Futuros.

ACPP denuncia campañas de descrédito contra nuestra contraparte colombiana Fundación Forjando Futuros.

En Colombia la política se expresa en Twitter. Es la red social más utilizada, la hay que usar con soltura para marcar la agenda política. Un ejemplo aventajado es el ex presidente Álvaro Uribe, que con más de 4,9 millones de perfiles seguidores, marca los temas que después se defenderán desde los sectores más reaccionarios de la sociedad.

El pasado 14 de junio se hacía eco de un montaje que afectaba a Gerardo Vega, director de nuestra socia colombiana Fundación Forjando Futuros (FFF). Un bulo malintencionado en el que se inventaban una conversación por WhatsApp que nunca existió, para acusar a Gerardo de atacar al gremio bananero de Urabá. Un tuit que evidenciaba una campaña de desprestigio a la que se incorporarían poderosos sectores de Urabá, amplificando el mensaje por diversos medios. El lanzamiento de una campaña de descrédito que aún continúa.

Desde ACPP tenemos muy claro lo que hay detrás, sabemos que apoyar la justicia social tiene un coste y que esta campaña es la evidencia empírica.

Para desgranar los entresijos de esta situación vamos a ponernos en contexto. En Colombia existe la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Un ejercicio de justicia transicional que significó un gesto fundamental en el proceso de paz que atraviesa el país. En la ley se les reconoce el derecho a la reparación integral a las más de 9 millones de víctimas reconocidas por el Estado. Una herramienta clave para la reparación es la restitución de tierras, el derecho de las víctimas a que se les devuelva su tierra cuando ésta fue despojada o abandonada a causa del conflicto armado.

ACPP y FFF consideramos que la restitución es un elemento esencial para la paz en Colombia, porque toca las causas del conflicto: la desigualdad en el acceso a la tierra, el acaparamiento de los recursos y la opresión sobre la población campesina. Lo es especialmente en nuestra área de trabajo, la región de Urabá, donde nace el paramilitarismo y en la que tienen presencia todas las partes que han participado de la guerra. El trabajo que hacemos busca apoyar a las víctimas en sus procesos judiciales de reclamación de tierras. El balance es muy positivo, a mayo de 2020 hemos conseguido 61 sentencias positivas que representan a 111 casos.

Pero al efecto de este artículo hay una sentencia especialmente importante, la del Caso California. El 12 de marzo de este año el Tribunal Superior de Antioquia dictaba sentencia en firme reconociendo el derecho a la restitución de 11 familias (con 50 hectáreas). Quedó demostrado el despojo, su intencionalidad, pero además se ordena a la Fiscalía investigar, por presunta financiación de paramilitares, a las empresas bananeras más importantes de la región: Bananeras de Urabá, Unibán y Banacol. La sentencia se conocía a la vez que FFF y ACPP hacían pública una investigación



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