En positivo 1

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En positivo. 1

Desde ACPP defendemos que la cooperación es uno de los instrumentos para luchar contra la desigualdad, también en España, y que debe ser una más de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno. En mayo de 2015 publicábamos un boletín especial que recogía  los compromisos adquiridos en sus programas electorales por diferentes partidos políticos en diversos territorios. Cuatro años después, iniciamos esta sección que desarrollaremos a lo largo de los próximos meses hasta las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en mayo de este año. En ella proponemos un repaso, que no pretende ser exhaustivo pero sí suficiente, del desarrollo de las políticas sociales, y en particular de la política pública de cooperación. Y queremos hacerlo en positivo, seleccionando algunos de los gobiernos municipales y autonómicos que se han distinguido en esta legislatura por marcar una senda en positivo en el ámbito de las políticas sociales. Una senda que en la mayoría de los casos no ha llevado al cumplimiento de los compromisos adquiridos, y exigidos por las asociaciones especializadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero que sí han representado cambios respecto al punto del que se partía, en la gran mayoría de los casos muy significativos. Cambios que, como parte del tejido social de nuestras sociedades, debemos seguir impulsando y exigiendo para que continúen avanzando hasta conseguir los objetivos marcados.

 

Asamblea y el cambio político en Barcelona

A veces nos preguntamos cómo podemos transformar situaciones injustas, aquí o en los países en los que trabajamos. ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de las personas que disponen de menos recursos? ¿Cómo cambiar las reglas que rigen sus vidas?  ¿Cómo impulsar cambios políticos que transformen esas mejoras en permanentes? ¿Cómo hacer todo eso desde el pragmatismo, sin caer en aquella desviación del idealismo que abarca mucho en discurso pero aprieta poco cuando se habla de cambios palpables?

Nuestra respuesta es triple: proyectos que transforman trozos de realidad, que cambian situaciones concretas de personas, familias, barrios, comunidades, pueblos en el Norte y en el Sur, con todos los matices que esos conceptos geográficos conllevan hoy en día. Proyectos construidos a partir de alianzas con organizaciones locales, a las que aspiramos a reforzar y empoderar como motores del cambio. Acciones pensadas como parte de un todo, la transformación del entorno sociopolítico en el que trabajamos, no como meros parches o cuotas de buenismo caritativo.

Ahora bien, ¿qué hacer cuando el entorno en el que trabajamos ha cambiado o ha empezado a cambiar, en una dirección que coincide con la propuesta de cambio social que defendemos? ¿Cómo contribuimos a consolidar esos cambios, dejando de lado el vivir a contracorriente en el que nos hemos acostumbrado a trabajar en España en los últimos años?

Un ejemplo – seguro que hay más- es lo que está haciendo Asamblea en Barcelona, una de las llamadas “ciudades del cambio” que emergieron en las elecciones municipales de 2015. Ciudades que pasaron a tener gobiernos progresistas en un contexto de dominio claro de la derecha política en diferentes niveles (europeo, estatal, autonómico).

En el presente mandato, Barcelona ha iniciado un buen número de políticas de marcado contenido social, en contraste con el anterior gobierno de derecha de corte neoliberal (2011-15). La inversión en servicios sociales se ha incrementado de forma sensible, así como las políticas de empleo; se han abierto 23 nuevos centros educativos públicos; se ha creado una unidad anti-desahucios y dotado 4.500 nuevas viviendas de alquiler social; se ha aprobado el primer plan de justicia de género y creado una concejalía de feminismos y LGTBI; se ha innovado con el lanzamiento de un nuevo operador energético público; se ha frenado el crecimiento incontrolado de hoteles y pisos turísticos; se han empezado a ejecutar planes de desarrollo en los distritos y barrios con peores indicadores socioeconómicos; se ha iniciado una política de impulso de la economía social y solidaria a una escala nunca vista antes. Y se ha reformulado la política de cooperación en interlocución con el tejido social de nuestra ciudad. En este último punto, sólo un dato: el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2014 era del 0,57%, en 2019, último año de la legislatura actual, el porcentaje asciende a 0,7% con lo que el gobierno municipal cumple con su compromiso electoral llegando al objetivo reclamado por las ONGD y reflejando la voluntad solidaria de la sociedad barcelonesa.

¿Qué ha hecho ACPP-Catalunya para contribuir a esas políticas de cambio que desde Barcelona quieren impulsar sociedades aquí y allí más justas y menos desiguales? A nuestro juicio tres cosas:

  1. Identificar en qué nuevas políticas tenía cosas que aportar. La nueva orientación política abría un escenario nuevo, con nuevas oportunidades para que entidades como Asamblea hicieran de palanca de cambio. La capacidad de maniobra de un gobierno en minoría es en muchos casos reducida en relación a las expectativas creadas, lo que en muchas ocasiones convierte en esencial el papel del tejido social a la hora de hacer lo que la administración quiere pero no llega a hacer. En este contexto, Asamblea identificó dos espacios de oportunidad nuevos, que ya habían empezado a trabajarse en otros territorios como Andalucía: la intervención social en barrios en situación de desventaja socioeconómica y el desarrollo de proyectos de economía social y solidaria.
  2. Desarrollar una estrategia a escala barrio y en relación a la economía social y solidaria. En estos dos nuevos campos, ACPP-Catalunya ha sabido combinar conocimiento acumulado, experiencia en ámbitos similares y un equipo potente para afrontar el reto de ser relevante fuera de su espacio hasta entonces “natural”. El resultado es una nueva línea de proyectos de aprendizaje-servicio en centros educativos de zonas históricamente menos desarrolladas de la ciudad, y al mismo tiempo, una nueva línea de proyectos de innovación socioeconómica que abarca desde el fomento del cooperativismo en mujeres de rentas bajas hasta el impulso de la moneda ciudadana de Barcelona, el “rec”, en barrios contiguos al río Besòs.
  3. Acompañar el cambio en políticas de cooperación internacional, ahora llamadas de “Justicia Global”. En el que es su espacio prioritario de intervención, Asamblea ha acompañado los esfuerzos de un Ayuntamiento que ha blindado el presupuesto en tiempo de crisis con un nuevo Plan Director hasta 2021. Un plan que ha establecido nuevas prioridades como el reconocimiento del “derecho a migrar” (la ciudad dispone de un plan ad hoc para acoger personas refugiadas), y ha puesto el acento en el Mediterráneo como región de intervención prioritaria. En este periodo, Asamblea ha impulsado proyectos de sensibilización sobre la situación de los refugiados en institutos de secundaria de Barcelona (proyecto “Ciudades Abiertas”) y se ha convertido en organización de referencia para el Ayuntamiento en el Magreb, especialmente por las iniciativas desarrolladas en Túnez en el ámbito de la inserción laboral y del fomento del asociacionismo de mujeres.

En suma, el papel de Asamblea a la hora de acompañar el cambio político hacia una mayor justicia social en Barcelona ha sido, decepciones aparte – que también las ha habido-, el de no perder la perspectiva de la ventana de oportunidad que se abrió para las clases populares aquí – en Barcelona, en Cataluña, en España- y en un trocito del resto del mundo. ●

 

En positivo en la nostra terra

Son más de 1.000 días los que han pasado desde que en 2015 tuvimos la oportunidad de acudir a las urnas para votar la conformación del nuevo gobierno municipal de nuestra ciudad.  Como ciudadanas y personas que creen en la democracia, desde el equipo de ACPP-País Valencià nos levantamos el día de las elecciones municipales con ganas de aportar a la historia de nuestra tierra y promover un cambio significativo en todos los sentidos.

Desde el municipio de Valencia han apostado por darle señas de identidad a la cooperación valenciana posibilitando que las entidades nos sintamos parte protagonista de las políticas de cooperación municipales. El Consell Municipal de Cooperació del Ayuntamiento de Valencia está siendo uno de los instrumentos para poder promover cambios en las políticas municipales que desde el sector venimos reivindicando históricamente. La apertura a la participación a través de los instrumentos participativos o iniciativas similares, nos está posibilitando debates con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, reuniones con las asociaciones de los barrios, para tomar decisiones de manera conjunta. Se está posibilitando que ampliemos nuestra conexión con nuestra ciudad, que podamos reivindicar y construir la política pública que queremos, proponiendo nuestros sueños. El barrio que queremos, la educación pública de calidad que anhelamos, la protección y mejora del patrimonio valenciano, la protección de nuestros humedales, la promoción de nuestra cultura.

Como parte del municipio valenciano también hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo desarrollado por el grupo de atención a los malos tratos de la Policía Local de Valencia (GAMA), promoviendo una conexión con el trabajo desarrollado por contrapartes con las que trabaja ACPP- País Valencià, como AFTURD (Túnez) y ORMUSA (El Salvador). La huerta valenciana, el comercio de proximidad y el desarrollo de políticas justas para el sector agrario es otro de los retos de estos últimos años. Conversaciones entre representantes de cooperativas de mujeres palestinas y valencianas ponen en evidencia que las luchas en el área rural son muy similares y que es necesario unirse para combatir la discriminación que sufren las mujeres.

La política de cooperación al Desarrollo de Valencia ha dado un vuelco estos últimos cuatro años pues antes de 2015 era muy deficiente, no tenía calidad ni disponía de dotación presupuestaria que la acompañase. Desde el Ayuntamiento se ha apostado, en esta legislatura que ahora acaba, por darle señas de identidad propia a la cooperación valenciana.

Regiones como Oriente Medio y sectores como el de agua, saneamiento e higiene, son algunas de las propuestas de trabajo de ACPP- País Valencià que se han visto apoyadas a través de las convocatorias de cooperación. Otro de los sectores por los que apuesta el municipio y en el que hemos recibido apoyo, ha sido el de la intervención en situaciones de emergencia y de acción humanitaria. El Caribe, concretamente el caso de Haití azotado por el huracán Matthew, y Oriente Medio, en concreto en el Territorio Ocupado Palestino, han sido áreas que por causa de catástrofes naturales o por la existencia de un largo conflicto latente, se han visto apoyadas a través de proyectos financiados por esta institución.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Valencia en materia de cooperación se encontraban en 2015 a niveles tan bajos que el porcentaje destinado a cooperación ascendía a sólo el 0,06 % del presupuesto total consolidado del consistorio.  Durante estos cuatro años de legislatura se ha estado trabajando, en confluencia con el tejido social, por aumentar el presupuesto, llegando en 2019 al 0,30% del presupuesto total consolidado. Es cierto que no se ha conseguido llegar al 0,4% marcado desde el movimiento social valenciano, pero el incremento respecto a legislaturas anteriores es evidente y no sólo marca una voluntad política de continuar en la senda al 0,7%, sino que refleja la voluntad solidaria de la ciudadanía valenciana.

Esperamos que en los próximos meses se continúe trabajando con iniciativas que refuercen en presupuesto y en calidad no sólo la política de cooperación municipal, sino en el resto de políticas sociales. ●

“No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu” Vicent Andrés Estellés.

 

La comunidad que sostuvo la bandera de la solidaridad de los pueblos

En Andalucía está en ciernes un cambio histórico como resultado del vuelco electoral que las recientes elecciones autonómicas han supuesto. Cuando el nuevo gobierno de la Junta se conforme, con la más que probable investidura de Juanma Moreno, del PP, como presidente de la comunidad, con el acuerdo de Ciudadanos y el más que probable voto favorable del ultraderechista VOX, se iniciará un proceso de demolición de un buen número de políticas sociales que la Junta de Andalucía ha sostenido con mayor o menor determinación a lo largo de los años de recesión económica y salida de la crisis.

Una de ellas es la Cooperación Internacional. Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que, a pesar de la mal llamada crisis, mantuvo la ayuda oficial al desarrollo desde el 2012 hasta la actualidad. En los últimos años, ha presupuestado 41’9 millones en 2015, 41’9 en 2016 y 42’5 de 2017. Si bien la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 establecía que los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo debían tender progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7%, la AOD andaluza ha estado estancada en los últimos años alrededor del 0,14%, habiendo alcanzado su mejor porcentaje en 2012, con un 0,2%.

Con todo, durante los años más duros de la crisis, Andalucía fue unos de los dos principales donantes españoles, muy por encima de las contribuciones de la AECID y de la gran mayoría de comunidades autónomas. Esto significó para muchas ONGD, entre ellas ACPP, el sostenimiento de una parte importante, si no sustancial, de su actividad social y transformadora en Andalucía y en varios países empobrecidos y vulnerables.

Traducido en cifras, para un ejercicio como el de 2017, el 0’14% supuso 176 proyectos que sustentaron la actividad de la cooperación andaluza en 26 países. En línea con los años anteriores, y respondiendo al mandato del Plan Director de la Cooperación Andaluza firmado en 2015, 120 proyectos tuvieron como objetivo la consolidación de procesos de desarrollo y la mejora de las condiciones de salud en los países prioritarios de la cooperación andaluza (de América Latina, África Subsahariana y el Mediterráneo). Este capítulo sumó el 69 % del presupuesto total, con una inversión de casi 33,9 millones de euros.

Destacaron también los proyectos en el ámbito educativo y de investigación para el desarrollo (5,2 millones de euros en 56 intervenciones) y las acciones humanitarias, con especial atención a Siria, para las que el II Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo reserva un porcentaje mínimo de financiación del 10 %.

Para ACPP, el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en las últimas dos legislaturas en las que la AOD se desplomó en España, ha supuesto el apoyo a más de una docena de organizaciones locales en países como Palestina, Túnez, Marruecos, Senegal, Guinea Bissau o Malí; el impulso de unos 50 proyectos por más de 7 millones de euros, que han servido para proteger los derechos y mejorar la calidad de vida de en torno a 20 mil personas, para impulsar acciones de educación para la paz de manera sostenida en alrededor de 50 centros escolares andaluzas, “escuelas sin racismo”, o para intervenir socialmente en barrios empobrecidos de los entornos metropolitanos de las principales ciudades andaluzas, con acciones innovadoras en el terreno de la economía social y solidaria. Pero también ha servido para que, en estos años de recortes neoliberales enmascarados por la retórica de la austeridad, ACPP no destruyera, en Andalucía y en otros territorios, lo esencial de su capacidad de acción y mantuviera sus equipos humanos más comprometidos para seguir luchando por un mundo mejor.

Ahora que nos vemos abocados a un brusco cambio de ciclo, sabemos que contaremos, en una etapa en la que tendremos que hacer valer nuestra capacidad de resistencia y deberemos ejercer con mayor fuerza el rol de contrapoder social que nos corresponde como parte del movimiento social andaluz, al menos, con la experiencia y los medios, con el arraigo social y capacidad de acción que supimos desarrollar en los años en que desde Andalucía se impulsaba la solidaridad con la gente más vulnerable, en Andalucía, y con otros pueblos de la humanidad.