En Positivo 3

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Desde ACPP defendemos que la cooperación es uno de los instrumentos para luchar contra la desigualdad, también en España, y que debe ser una más de las políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno. En mayo de 2015 publicábamos un boletín especial que recogía  los compromisos adquiridos en sus programas electorales por diferentes partidos políticos en diversos territorios. Cuatro años después, hemos iniciado esta sección que estamos desarrollando a lo largo de los próximos meses hasta las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en mayo de este año. En ella proponemos un repaso, que no pretende ser exhaustivo pero sí suficiente, del desarrollo de las políticas sociales, y en particular de la política pública de cooperación. Y queremos hacerlo en positivo, seleccionando algunos de los gobiernos municipales y autonómicos que se han distinguido en esta legislatura por marcar una senda en positivo en el ámbito de las políticas sociales. Una senda que en la mayoría de los casos no ha llevado al cumplimiento de los compromisos adquiridos, y exigidos por las asociaciones especializadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero que sí han representado cambios respecto al punto del que se partía, en la gran mayoría de los casos muy significativos. Cambios que, como parte del tejido social de nuestras sociedades, debemos seguir impulsando y exigiendo para que continúen avanzando hasta conseguir los objetivos marcados.

Reconstruyendo la cooperación balear.

Acuerdos para el Cambio: un Gobierno al servicio de la gente. Así se llamó el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre fuerzas progresistas (PSIB-PSOE, Podemos Baleares, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca) que inició hace cuatro años una nueva legislatura y que suponía un giro en el planteamiento de la política en las Islas Baleares. Se conformó un gobierno cuya prioridad eran las políticas sociales y para la ciudadanía impulsadas con diálogo, participación y transparencia, según los firmantes del acuerdo.

A lo largo de estos años, la apuesta por políticas centradas en los derechos de las personas, se ha ido plasmando en actuaciones concretas y muy relevantes para la ciudadanía. Una de las prioridades ha sido la lucha contra la pobreza y la desigualdad, paradójica situación en una comunidad donde el motor económico del turismo genera riqueza de manera exponencial en las últimas décadas. En 2016 el Parlamento balear aprobó la Ley sobre la Renta Social Garantizada para aquellos/as ciudadanos/as en situaciones de vulnerabilidad económica. Esta prestación económica ha permitido que familias, personas que viven solas o mayores de 45 años en situación de pobreza severa puedan hacer frente a gastos básicos (alimentación, agua, energía, transporte, etc.). En materia de vivienda, otro derecho básico que en las Islas Baleares no está plenamente garantizado, se aprobó una nueva ley de vivienda con el objetivo de facilitar ayudas para el acceso a la vivienda para personas en situación de vulnerabilidad, ampliar la bolsa de vivienda social e imponer límites al alquiler durante la temporada turística, sobre todo a los grandes poseedores, imponiéndoles la obligatoriedad de ceder aquellas viviendas que lleven más de dos años sin moradores, destinándolas a alquiler social. La creación en 2015 de una Oficina Antidesahucios ha sido otra medida clave de esta política. Esta oficina está asesorando jurídicamente a las familias susceptibles de perder su hogar y mediando con las entidades bancarias, lo que ha podido revertir situaciones de desahucios en siete de cada diez casos. En la ejecución de parte de estas medidas ha colaborado activamente el  Ayuntamiento de Palma, que ha sido el primer ayuntamiento del estado en prohibir el alquiler turístico de pisos en la ciudad.

El gobierno actual también ha realizado una apuesta firme por la lucha contra el cambio climático con su adhesión a la estrategia marcada por los Acuerdos de París de 2015, con la que se comprometen a ejecutar las políticas necesarias para alcanzar las cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Se ha recuperado la implementación de la ecotasa, un impuesto sobre el turismo cuya recaudación revierte en políticas de protección ambiental, como la protección y ampliación de espacios y parques naturales, un ejemplo es el de Cabrera o És Trenc, con una biodiversidad única en el territorio español. Recientemente se ha aprobado la Ley de Residuos y suelos contaminantes, pionera en las Islas Baleares y que entre otros puntos establece la prohibición de envases de un solo uso en 2020.

El inicio de la legislatura coincidió con la definición y aprobación de un nuevo Plan Director de Cooperación 2016-2019, con una dotación presupuestaria que permitía activar de nuevo la política de cooperación, después de un periodo de recortes que llegó hasta el punto de que en 2011 se paralizara el presupuesto y en el año 2015 no se publicara la convocatoria de subvenciones a ONGD para proyectos de cooperación. Con este Plan, se recuperaban todas las convocatorias de subvenciones a proyectos y el gobierno también se comprometía a incrementar cada año el presupuesto a cooperación hasta llegar a los 6 millones en 2019. Con la aprobación de los presupuestos para este último año de legislatura, se ha dado alcance a esta meta pero la cooperación balear sigue estando bajo mínimos, ya que esta cifra supone un 0,11% con respecto al presupuesto consolidado del gobierno autonómico. Es indispensable valentía y voluntad política para que la meta presupuestaria no sea “el aumento progresivo” sino un contundente 0,7% como apuesta firme por que la política de cooperación balear contribuya significativamente a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos.

Durante estos años de ejecución del Plan, ACPP Illes Balears hemos tenido el apoyo para proyectos en el sector de gobernabilidad y poder local en Senegal, que están mejorando la representación y toma de decisiones en política de las mujeres en las comunidades donde estamos actuando. Junto con dos de nuestras organizaciones socias senegalesas, se está avanzando en la superación de las brechas de género para la participación equitativa de las mujeres en los gobiernos locales y en los espacios de concertación, impulsando la elaboración de presupuestos participativos con enfoque de género. El aumento de los recursos en cooperación, también nos ha permitido poder contribuir a la respuesta a crisis humanitarias que desde nuestra organización se está haciendo en Palestina y Níger.

Uno de los logros destacados de la política de cooperación balear en estos años, ha sido el recuperar el Consejo de Cooperación, del que ACPP Illes Balears es miembro, como un verdadero espacio de representación y participación de los agentes vinculados a la cooperación en Baleares. El consejo no solo ha funcionado como un mero ente informativo, sino que ha sido un espacio donde se han debatido y votado propuestas de las ONGDs y otros agentes y se ha podido dar seguimiento a la ejecución de la política de cooperación del Govern. Y sobre todo, durante este tiempo, esta administración ha defendido la solidaridad. Junto con otros agentes (consejos insulares, ayuntamientos, entidades y  sociedad civil) se ha impulsado el programa de acogida e integración de personas refugiadas. El gobierno de esta comunidad no solo ha aumentado los recursos para la acogida (en 2016 rehabilitó el albergue de Playa de Palma como centro de acogida y en 2018 el convento de Son Rapinya para poder acoger a personas rescatadas por el “Aquarius”) sino que ha exigido al gobierno central una actitud más activa respeto a las decisiones de Europa, la cual no ha hecho una política de integración ni cumplido con sus compromisos de cuotas de acogida.

Como se viene contando en esta sección, la senda se ha dibujado y los primeros pasos se han dado. Sabemos que avanzar en la construcción de sociedades justas, equitativas y solidarias es una tarea de largo recorrido y que los desvíos suponen graves perjuicios para las personas más vulnerables y con menos derechos. El camino lo marcarán los nuevos gobiernos que se conformarán después de las citas electorales que tenemos por delante. Esperamos que no se vuelva a poner en cuestión la política pública de cooperación y que, con el resto de políticas sociales, sea seña de identidad de los futuros gobiernos y reflejo de solidaridad de la ciudadanía balear.

 

La recuperación de la cooperación en Madrid

El año 2010 fue un año funesto para las políticas de cooperación madrileñas, cuando el consistorio de aquel momento decidió suprimir todos los fondos existentes, utilizando como excusa para ello la crisis económica. Crisis que afectaba no sólo a la ciudadanía de Madrid, sino también a la de otros países como aquellos con los que venía trabajando el Ayuntamiento de Madrid en materia de cooperación al desarrollo. Las consecuencias fueron muy graves: no sólo se tuvieron que paralizar por falta de fondos programas de cooperación que estaban en pleno desarrollo, con las consiguientes consecuencias para la población beneficiaria, sino que hubo contrapartes y ONG madrileñas que se vieron abocadas a la desaparición.

En 2015, con la llegada al Ayuntamiento de Madrid de uno de los llamados gobiernos del cambio, nació la ilusión y esperanza en la sociedad madrileña de que pudiera suponer una recuperación y aumento de las políticas sociales, entre ellas de las de cooperación al desarrollo y educación para una ciudadanía global. De hecho, en este último caso, el programa electoral prometía recuperarlas, darles la importancia que les correspondía y destinar un 0,4% de los presupuestos.

A día de hoy podemos decir que, efectivamente, ha habido una recuperación de dichas políticas: se han vinculado las de cooperación directamente a la Coordinación de Alcaldía; se han vuelto a activar las convocatorias para subvenciones (cooperación al desarrollo, educación para una ciudadanía global e investigación) con la aprobación hasta el momento de más de 80 intervenciones; se ha recuperado el antiguo Consejo de Cooperación, hoy Foro Madrid Solidario, haciéndolo más participativo, contando en mayor medida con la sociedad civil como parte fundamental del mismo; se ha confeccionado un nuevo marco estratégico de intervención con ese mismo sello de identidad; se ha puesto en marcha el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz que ha dado la posibilidad de intercambiar políticas y experiencias municipales en esas temáticas con la participación en su dos ediciones de más de 8.000 personas pertenecientes a más de 70 países; se ha desarrollado una política de comunicación sobre todas las acciones que se están desarrollando en cooperación y ciudadanía, informando así a la población madrileña del uso de estos fondos; y se ha abierto una vía de soluciones a los procesos de devolución de fondos iniciados por el anterior equipo de gobierno. Sin embargo, en términos presupuestarios se ha llegado sólo a un 0,2%, lejos aún de la promesa electoral del 0,4% y aún más del histórico 0,7% que desde nuestro ámbito seguimos reivindicando. Queda por tanto mucho camino por recorrer, si bien se han puesto pilares fundamentales para poder ir hacia delante.

Y es en este contexto de recuperación en el que ACPP en Madrid ha puesto en marcha dos estrategias novedosas, una en el distrito de Villaverde en Madrid, en el marco de la convocatoria de educación para una ciudadanía global y otra en la ciudad de Medellín en Colombia, a través de la convocatoria de cooperación al desarrollo.

Nuestro programa Villaverde activa se ha centrado en poner en el centro a los diferentes actores del Distrito, trabajando con ellos y con los centros educativos en educación para una ciudadanía global y creando líneas de intervención novedosas como un nuevo módulo educativo para poblaciones de todas las edades de economía social y solidaria y un programa de tiempo por moneda social que implica, además de a tejido asociativo y jóvenes a pequeños empresarios del Distrito, fomentando así con ello la economía local. Justo en estos momentos estamos empezando la II Fase de este programa, que pretende dar continuidad y asentar lo anteriormente realizado.

Nuestro proyecto “Construyendo paz y ciudadanía en Medellín, Colombia” forma parte de una nueva línea de intervención en Colombia, que iniciamos con los fondos del Ayuntamiento de Madrid y con el que se trabajará en construcción de paz y ciudadanía en dos barrios de la ciudad, las comunas 2 y 7. Llevaremos a cabo un diagnóstico de las violencias existentes, un mapa interactivo que se retroalimentará con la información de la ciudadanía, y realizamos, en función de ese diagnóstico, una batería de actividades con la sociedad civil encaminadas a destruir imaginarios, a desnaturalizar las violencias, con la perspectiva de género de forma transversal. Y con la Alcaldía de Medellín trabajaremos para reforzar sus políticas de atención a menores proclives a caer en manos de los grupos armados, proporcionándole formación y herramientas pedagógicas en atención basada en derechos humanos y perspectiva de género.

Estas iniciativas de ACPP y otras tantas de otras ONGD madrileñas han sido y están siendo posibles gracias a esa recuperación de las políticas públicas de cooperación y educación para la ciudadanía, por lo que nos parece imprescindible que se mantengan y, desde luego, que se incrementen en esa búsqueda de un Madrid solidario y de un desarrollo local-global.

 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No perdamos las buenas costumbres.

Vitoria-Gasteiz ha sido históricamente un referente en cuanto a compromiso político con la Ayuda Oficial al Desarrollo y los programas de Cooperación Internacional desde el ámbito municipal.  Fue el primer Ayuntamiento del Estado español en alcanzar la meta del  0,7%, bajo el mandato del exalcalde Jose Ángel Cuerda, que ejerció su cargo entre 1979 y 1999, siendo impulsor de una gran cantidad de iniciativas que convirtieron a Vitoria-Gasteiz en una de las ciudades con mayor calidad de vida de Europa alcanzando altas cuotas de bienestar. Su gestión ha sido reconocida por multitud de organismos locales, nacionales e internacionales puesto que, además de impulsar la ayuda a la cooperación internacional, lanzó otras iniciativas que demuestran la necesaria coherencia en la elaboración de políticas, como  la pionera incorporación del eje medioambiental en la estrategia de desarrollo urbanístico de la ciudad, un proceso que culminó en el 2012 con su nombramiento como “Capital Verde” por la Comisión Europea, siendo actualmente la única ciudad del Estado en contar con este distintivo. Igualmente, aquel gobierno creó un tejido social cohesionado basado en una red de equipamientos socio-culturales y deportivos para el disfrute de la ciudadanía, fue además un ejemplo en la lucha contra la discriminación y a favor de la inclusión social de las personas menos favorecidas, siendo Vitoria-Gasteiz un ejemplo en cuanto a políticas sociales responsables. Asimismo, es el primer cargo público que abrió un Registro de Uniones Civiles tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Podríamos proseguir con una larga lista de políticas y medidas que convirtieron a la ciudad en un lugar amable y comprometido con la justicia social.

Tras Cuerda, entre los años 1999 y 2015 se sucedieron varios gobiernos de alternancia entre el clásico bipartidismo de ámbito estatal, PSOE y PP. La última de ellas es descrita como una época de oscuridad y tristemente célebre por las declaraciones del máximo representante contra los inmigrantes magrebíes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Por ellas, fue declarado como xenófobo por un informe de la Comisión Europea contra el Racismo de diciembre de 2017. Los presupuestos municipales de cooperación desde el año 2012, sufrieron prórrogas y un recorte en 2015 del 90%, lo cual significó romper con un trabajo de más de 20 años desde el Ayuntamiento y dejar a las ONGD alavesas en una situación extremadamente difícil para asumir los compromisos adquiridos con las contrapartes del Sur.

Con las últimas elecciones municipales y el cambio de Gobierno en 2015, de nuevo en manos del Partido Nacionalista Vasco, las partidas de cooperación fueron recuperadas demostrando que, con voluntad política, ese reto es posible y alcanzable: actualmente volvemos a situarnos en el 0,7 % y en el año 2018 cada ciudadano/a de Gasteiz ha aportado 9,34 euros al presupuesto de cooperación, una cifra que se mantiene para 2019 debido a una prórroga presupuestaria. Ha sido en esta etapa cuando BLB/ACPP Euskadi ha recibido el apoyo del Ayuntamiento en dos líneas diferenciadas de trabajo: la primera en el ámbito de sensibilización ciudadana, con la muestra fotográfica “Desde el Sur, Senegal” del fotoperiodista Manu Brabo, que  fue expuesta en el Centro Cultural de Montehermoso. Para su inauguración, contamos con la presencia del autor y la participación de la Sociedad Fotográfica Alavesa. La segunda se produjo a través de una línea de financiación centrada en el sector del Agua y Saneamiento, que cuenta con el apoyo económico de AMVISA (empresa de servicios públicos de agua de Vitoria-Gasteiz), además de la aportación del propio Ayuntamiento. Gracias a ello, hemos mejorado las condiciones de acceso al agua de más de 4.000 personas en cuatro comunidades de la Comuna Urbana de Say, una zona cercana a Niamey, capital de Níger en la que trabajamos con nuestra contraparte en el país, la ONG DIKO.

Existen además otras interesantes propuestas desde el consistorio como son la potenciación de espacios de participación ciudadana o “Elkargunes”. El objetivo de los mismos es deliberar y elaborar proposiciones sobre asuntos de competencia municipal. Cualquier ciudadano/a que esté interesado en un área municipal concreta de la ciudad puede asistir a los “Elkargunes” y debatir con otras personas, asociaciones, colectivos y entidades relacionadas con la temática además de lanzar propuestas. En estos espacios participan los grupos políticos y el personal técnico municipal y son: Cooperación al Desarrollo; Convivencia y Diversidad;  Convivencia, Defensa y Protección de animales; Cultura; Euskera, Foro ciudadano por la movilidad sostenible; Igualdad, Infancia y Adolescencia, Juventud, Medio ambiente, Participación Vecinal, Personas Mayores, Salud y Consumo. El orden del día de los Elkargunes se consensua entre la ciudadanía y  el Servicio Municipal y las propuestas que surjan pueden llegar a debatirse en la comisión de Pleno que corresponda si ha habido un acuerdo en este órgano de participación. Actualmente, cabe destacar que desde las ONGD alavesas y en espacios como el Elkargune, se está reclamando el 1% para los presupuestos de cooperación además de la aplicación de acciones específicas para evaluar la coherencia de las políticas municipales.

Recientemente, se ha inaugurado la “Escuela de Empoderamiento Feminista”, antigua ”Escuela de Igualdad” que cuenta con una programación de actividades dirigidas a público de todas las edades que incluyen temas relacionados con la diversidad sexual, identidades de género (menores trans), las mujeres en el ámbito rural, la violencia contra las que padecen enfermedad mental, el feminismo en el mundo islámico o las paternidades y maternidades no heterosexuales … tratados a través de metodologías como son el teatro, clubes de lectura feminista, conferencia, talleres de autodefensa entre otras.

Otra de las identidades de la ciudad es su diversidad cultural, reflejada a través de los famosos murales que inundan el Casco Viejo. La inmigración en el territorio histórico de Álava (10,9%) es la más alta de los tres territorios, e incluso más alta que la media de Euskadi (9%). Nos referimos a inmigración no comunitaria, lo que sitúa a Euskadi en una realidad particular. La creciente ola de discursos antiinmigración que afirman que donde la inmigración es alta, la xenofobia y el racismo también, no se cumple en el caso de Euskadi, según demuestra el Observatorio Vasco de Inmigración. Para fomentar valores de respeto y tolerancia, Vitoria presentó en 2018 un Plan de convivencia intercultural y diversidad, que siguió un proceso participativo iniciado en 2016 que involucró a varios colectivos de la ciudad. Destacamos que el marco de trabajo incluye Paz, Derechos Humanos, Memoria y Deslegitimación, Diversidad Funcional e Interculturalidad. Todo ello con un solo objetivo: construir cultura de paz de forma compartida y participada.

Por último y en honor a su diversidad, el Ayuntamiento de Vitoria es la institución vasca que financia un mayor número de instrumentos diferentes y tiene la firme convicción de apoyar pequeñas ONGD alavesas a través de dichos programas.

Queda no obstante mucho por hacer y mucho que mejorar en la gestión municipal de Vitoria-Gasteiz y necesitamos voluntad política para dar continuidad en los próximos años a las mejoras retomadas en los últimos.