19 julio 2016 Paremos la criminalización de la mujer en El Salvador
Desde abril de 1997 el artículo uno de la Constitución Política de El Salvador “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. De esta forma quedaba totalmente prohibido cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo en el país centroamericano, incluyendo el terapéutico (embarazo con riesgo para la vida de la madre) y/o eugenésico (certeza de enfermedad seria del feto), o incluso en el caso de violación. La concreción penal que establece la legislación vigente en El Salvador otorga una pena a la persona acusada de cometer aborto de entre 2 y 8 años de prisión. Sin embargo, también el código penal recoge agravantes que pueden hacer que el delito pase a ser considerado homicidio agravado, con penas que van hasta los 50 años de prisión.
Sin ser suficiente esto la fracción legislativa de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pretende que la Asamblea Legislativa debata la aprobación de una ley que supone una nueva vuelta de tuerca a la situación de criminalización de la mujer en El Salvador. ARENA busca que el Legislativo reforme el artículo 133 del Código Penal, para aumentar de «30 a 50 años» de prisión los castigos para quien provoque o consienta un aborto. Si la propuesta es aprobada, el Congreso estaría equiparando la pena por aborto con la de homicidio agravado en los casos en que éste es cometido por un familiar, por autoridad civil o militar, «con ensañamiento», por remuneración o cuando «fuere motivado por odio». Otra de las reformas que propone la bancada de ARENA es al artículo 373, relacionado a la venta de abortivos. “El que ilegalmente vendiere o en cualquier forma suministrare otra sustancia o productos que sirvan especialmente para provocar abortos, será sancionado con prisión de uno a tres años”, reza la propuesta.
Vista desde cualquier punto, es una propuesta encaminada a la criminalización absoluta de las mujeres y a la negación de derechos fundamentales como el acceso adecuado a la salud sexual y reproductiva. Además pretende el aislamiento de las mujeres cortando todas las redes de apoyo que van desde el entorno, el personal médico y sanitario, hasta la propia sociedad civil feminista que puede ser vista como promotora del aborto. Además la propuesta es tan represiva como inútil ya que el Ministerio de Salud (MINSAL) estima que más de 19,000 abortos se han llevado a cabo clandestinamente, desde la reforma de 1997, y de estos un tercio fue practicado por adolescentes.
Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña entre las que se encuentran la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y la Asociación de Promotores Comunitarios Salvadoreños (APROCSAL) están realizando manifestaciones de diferente índole exigiendo el retiro de la propuesta de ley por parte de la derecha. En el próximo mes de agosto, ORMUSA y ACPP organizarán en San Salvador un seminario centroamericano sobre violencia institucional en el marco del proyecto “Promoción de la igualdad y de una vida libre de violencia de género en el Salvador”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y en el que se abordará la prohibición del aborto como un ejemplo de agresión de los estados hacia las mujeres y niñas.
Más de 70 organizaciones internacionales condenamos la propuesta del partido ARENA.
Asamblea de Cooperación por la Paz junto a más de 70 organizaciones internacionales de la sociedad civil y defensoras de los Derechos Humanos condenamos la propuesta del partido ARENA. En concreto, denunciamos la lamentable propuesta de elevar las penas criminales de aborto de 30 a 50 años de cárcel y la propuesta de aumentar las sanciones contra el personal médico y otros que sean sospechosos de inflingir lesiones a la vida prenatal, en el ejercicio de su profesión o a quienes abierta o veladamente anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar abortos.
Puedes leer el comunicado completo y saber las organizaciones que nos hemos adherido en el siguiente enlace:
Además, Plataformas como Change.org han iniciado una petición de firmas dirigida a la Asamblea Legislativa a favor de no aprobar esta ley retrógrada. Pincha en el siguiente enlace y encontrarás más información: 