14 enero 2019 Restitución de tierras en Urabá, un triunfo judicial de las familias campesinas.
Entre los años 1996 y 1997, 21 familias del municipio de Turbo, fueron desplazadas y despojadas de sus tierras por el grupo paramilitar Bloque Bananero.
La Fundación Forjando Futuros (FFF), con el apoyo de la cooperación internacional, durante más de una década ha representado judicialmente a familias campesinas que fueron víctimas del despojo de sus tierras con ocasión del conflicto armado.
Después de diez años de lucha de los campesinos de la vereda Guacamayas en Turbo, Urabá, finalmente la Corte Suprema de Justicia ordena la restitución jurídica y material de 12 fincas a familias víctimas de ese despojo de tierras. En decisión del 11 de diciembre de 2018 se ordena la devolución de estos bienes inmuebles y no concede a los empresarios despojadores compensación alguna, en razón a que en el proceso judicial quedó demostrado categóricamente la violencia ejercida por los paramilitares y el aprovechamiento de los empresarios en las ilegales compras de esas tierras.
Entre los años 1996 y 1997 los paramilitares cometieron en la región denominada Guacamayas diversos delitos: masacres, homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado, situación que creo un contexto de violencia generalizada en este territorio, provocando que pequeños propietarios de tierras vendieran a precios irrisorios.
Las tierras despojadas en la vereda Guacamayas figuran hoy a nombre de la empresa inmobiliaria Inversiones ASA SA, del empresario Humberto Duque y de los reconocidos terratenientes ganaderos Jaime Uribe, Arley Muñoz y Francisco Castaño. Estos títulos deberán ser anulados por orden de la Corte Suprema de Justica y restituir la propiedad a las familias campesinas víctimas.
Se debe destacar que en este proceso se negó previamente en tres instancias judiciales el derecho de las víctimas a ser restituidas sus tierras. Primero en el tribunal Superior de Antioquia y dos veces más, en la sala Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, seguidamente, el equipo jurídico de FFF solicitó ante la corte constitucional la revisión de este caso y es en esta instancia en la que se declaró la nulidad de todas las decisiones en contra y se le ordena a la Corte Suprema de Justicia revisar nuevamente el caso, una situación excepcional, y un primer avance para FFF y sus defendidos, porque implicó que a un magistrado de alta jerarquía se le ordena por otro órgano judicial revisar lo ya fallado.
La decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia supone un contundente éxito pues, además de ordenar la restitución jurídica y material de las fincas, se convierte en un precedente para los casos que están pendientes de sentencia en todo el país. Por otra parte, este fallo judicial aplica a fondo y con plena integridad el contenido de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y determina que si las empresas o particulares compraron tierras en contextos de violencia generalizada, acumularon tierras, y / o cambiaron el tipo de explotación (de economía campesina a ganadería extensiva o a proyectos agroindustriales), no serán compensados y deberán devolver las tierras.
Todo un logro del trabajo de la Fundación con las familias campesinas, y con el permanente apoyo de ACPP, en un contexto que aún nos obliga a solicitar a las autoridades judiciales y del gobierno nacional, las garantías para que la devolución de las tierras se realice sin peligro a la vida y la integridad de las personas.