Retrocediendo décadas en la democracia salvadoreña

El pasado 26 de marzo se convirtió en el día más negro en términos de violencia del mandato de Nayib Bukele como Preisdente de la República de El Salvador. Un total 62 personas perdieron la vida durante esa jornada en el país centroamericano según el registro de homicidios de la Policía Nacional Civil (PNC).

Esa misma noche, Bukele ordenó a Ernesto Castro, Presidente de la Asamblea Legislativa (AL), convocar de urgencia a un pleno de esa cámara con el objetivo de proponer un Estado de Excepción por un periodo de 30 días. Este decreto que fue aprobado, está permitiendo a los cuerpos de seguridad, Fuerza Armada (FA) y PNC, violentar derechos constitucionales, entre los que se encuentran la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa, el derecho a que la detención no exceda las 72 horas; y el derecho a la inviolabilidad de correspondencia.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), socia de ACPP en el proyecto “Por la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa en El Salvador”, ha expresado que el régimen de excepción aprobado, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, vulnera derechos que no pueden ser disminuidos aún bajo regímenes de excepción, y señala que no hay mejor forma de garantizar el derecho de verdad y justicia de las víctimas que respetar todas las garantías del debido proceso de todos los involucrados en los procesos penales. Igualmente, la UCA lamenta especialmente el elevado número de detenciones realizadas por FA y PNC (unos 5.000 en 7 dias), así como las múltiples denuncias de abusos de poder en el marco de estas capturas, entre ellas, transgresiones a la integridad física y a la libertad de tránsito y circulación, llevadas a cabo en comunidades pobres donde se realizan las persecuciones, afectando a muchos jóvenes por el hecho de vivir en sectores vulnerables.

Esta situación, unida a las expresiones utilizadas por Bukele contra instituciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, acusándolos de estar del lado de los delincuentes, o de ser unos “vividores”, crean un clima de opinión pública hacia las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las defensoras de DDHH, que podría tener graves consecuencias tanto para el personal que trabaja o colabora directamente en estos espacios, como para la sociedad salvadoreña en general, puesto que las organizaciones y personas defensoras de DDHH son esenciales en situaciones tan delicadas como la que está pasando El Salvador, donde es fundamental la figura de instancias que sean testigos y denuncien ante los organismos y comunidad internacional estos hechos.

ACPP, además del mencionado proyecto con la UCA, donde también están involucrados medios de comunicación independientes, está trabajando en el fortalecimiento de los programas de defensoría de DDHH de organizaciones socias locales como ORMUSA o COMCAVIS TRANS. Además, estamos de la mano del resto de ONGD españolas e internacionales organizadas en el Foro de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS) para incidir en que la comunidad internacional actúe exigiendo al estado salvadoreño el cumplimiento del marco jurídico de DDHH.